El tribunal que juzgó a los presuntos terroristas, presidido por el juez Alfonso Guevara, dará a conocer el contenido de la sentencia en una lectura pública que tendrá lugar a las 13.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público acusa los treinta presuntos islamistas de los delitos de integración en organización terrorista de naturaleza jihadista, conspiración para cometer un atentado terrorista con resultado de muerte, falsificación de moneda y delito continuado de falsificación de documento público y oficial.

La Fiscalía sostiene que los procesados planearon en 2004, a través de cuatro células creadas en diferentes cárceles de España, atentar contra la Audiencia Nacional, hasta el punto de que habían dispuesto lo necesario para adquirir 1.000 kilogramos de explosivo (Goma 2), de los que utilizarían al menos 500 kilogramos en un camión que empotrarían contra la sede judicial.

En el auto de procesamiento, el juez encargado de la instrucción del caso, Fernando Grande-Marlaska, explicaba que con la explosión se pretendía acabar con la vida de jueces, funcionarios y público en general que acude normalmente a la Audiencia Nacional.

El juez cifró las víctimas potenciales de un ataque de estas características en unas 980 personas: 300 jueces, secretarios y personal judicial; 80 fiscales y personal de Fiscalía; 50 personas de la Secretaría de Gobierno y sus departamentos auxiliares; 350 abogados, visitantes y justiciables, y más de 200 agentes policiales, sin contar la veintena de periodistas que desarrollan a diario su labor en la Audiencia Nacional.

PROCESADOS Entre los procesados figura Abderraman Tahiri, alias "Mohamed Acraf", que está acusado de ser el máximo dirigente del grupo terrorista "yihadista" y el "cerebro" del ataque contra la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para él 43 años de cárcel.

En un segundo escalafón se encuentran los cuatro presuntos lugartenientes de Tahiri. Entre ellos destaca Kamara Birahima, para quien la Fiscalía pide 32 años de prisión al estar considerado como el cabecilla del grupo de Almería y la persona que se encargó de buscar los 1.000 kilos de explosivos para el ataque terrorista.

Por su parte, Said Afif está acusado de ser el líder del grupo creado en la cárcel de Topas (Salamanca) y se enfrenta a 12 años de prisión, la misma pena que la Fiscalía pide para que Djilali Mazari, presunto responsable de la red de Valencia.

El último de los supuestos lugartenientes es Dibali Abdellah, alias "Abdila Mimon", presunto jefe de la célula creada en la cárcel de La Coruña, para quien la Fiscalía pide 12 años de prisión.

Además de Tahiri, Afif y Birahima, otros cuatro terroristas habían expresado su intención de suicidarse en el ataque terrorista subiéndose al camión cargado de explosivos, según el Ministerio Público.

Estos presuntos terroristas suicidas son Mustapha Farjani, Mohamed Boukiri, Mokhtar Siah y Mouad Duoas, que se enfrentan a 22 años de cárcel cada uno.

Además, la presunta trama islamista contaba con 20 subordinados: Mourad Yala, que se enfrenta a 23 años de prisión; Djanel Merabet, para quien se solicitan 20 años de cárcel; Majid Mchmacha, 13 años; Majid Sahouane, 12 años; y Mohamed Amine, Bachir Belhakem, Soubi Kunic y Abdelkrim Bensmail, para quienes la Fiscalía pide 11 años de cárcel.

El Ministerio Público solicita una pena de 10 años de prisión para Mohamed Arabe, Baanou Abdulah, Eddebdoudi Taoufik, Mohamed Amin, Aspir Smali, Salah Zelmat, Redha Cherif, Djamel Seddik, Mohamed Boualem, Hocine Kedache, Ahmed Chebli y Mustapha Zanibar.

El grupo se completaba el español Baldomero Lara Sánchez, supuesto colaborador de la célula y acusado de escribir las cartas de los islamistas que se encontraban con él en la cárcel para no levantar sospechas. Se enfrenta a 8 años de prisión.

ACUSADOS EN LIBERTAD

El pasado 4 de febrero y "atendiendo al estado de las deliberaciones del Tribunal", la Sección Tercera dejó en libertad a 10 de los 30 acusados, aunque tan sólo cinco de ellos abandonaron la cárcel, ya que el resto se encuentran cumpliendo condenas por otras causas.

Las cinco personas que sí abandonaron la cárcel con la decisión del tribunal son Ahmed Chebli, Djimali Mazari, Hocine Kedache, Aspri Smali y Mohamed Boualen Khouni.

Los acusados que fueron puestos en libertad pero que no abandonaron la cárcel son Lara Sánchez y Mohamed Amin, que se encuentran cumpliendo condena por causas relacionadas con drogas, y Mohamed Amine Akli, Bahir Belhakem y Soubi Kunic, que están en prisión condenados por pertenencia al Grupo Islámico Armado (GIA).