El fiscal pide para Castro Sarriegui una pena de 17 años de prisión por un delito de detención ilegal bajo rescate y le obliga a indemnizar a Aldaya con 150 millones de pesetas por la cantidad pagada en concepto de rescate por la familia del industrial y 200 millones de pesetas por los daños morales sufridos mientras estuvo privado de libertad.

El empresario José María Alaya fue secuestrado por ETA el 8 de mayo de 1995 y puesto en libertad casi un año después, el 14 de abril de 1996, cuando, según el informe del fiscal, la familia del empresario entregó a los secuestradores una cantidad cercana a los 150 millones de pesetas.

Alfonso Castro Sarriegui, el único procesado por este secuestro, trabajó durante un mes en la empresa Alditrans, propiedad de José María Aldaya, donde recogió datos suficientes para su secuestro.

Colaboró activamente con el "comando Ipar Haiza" de ETA, al que facilitó todos los datos, que luego se incautó la policía. Entre ellos, un informe en el que el etarra relataba que Aldaya era dueño de las empresas Alditrans y Ugaldetxu, de las que obtenía unos beneficios anuales de 200 y 400 millones de pesetas, respectivamente.

"Si se quiere se le puede secuestrar y pedir más de 1.000 millones. No hay problemas para hacerlo, ya que no tiene guardaespaldas ni toma medidas de seguridad", comunicó el procesado a ETA en el informe al que tuvo acceso a policía.

Si bien Castro Sarriegui es el único procesado por este secuestro, el fiscal señala también a Oscar Cadenas Lorente como coautor de las diversas informaciones facilitadas sobre la vida y costumbres de Aldaya. Este etarra se encuentra actualmente en rebeldía en México, país al que ya ha sido solicitada su extradición.