Según los primeros datos ofrecidos por los sindicatos policiales, 600 agentes de Málaga cubrirán la seguridad en la Expo, pese a ser esta una de las provincias con mayor déficit de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El sector que más ha rotestado por el traslado de policías es el hostelero, "ya que a los temores de una nueva temporada bajo mínimos se une el peligro de que el aumento de la inseguridad ciudadana revierta negativamente en la afluencia de turistas en años venideros", según un portavoz.

Fuentes consultadas por Servimedia relacionadas con el sector turístico han manifestado que "de nada servirá toda la campaña que se está realizando para aprovechar el turismo que irá a la Expo si los turistas no pueden salir a la calle". La preocupación de los ciudadanos y del mundo empresarial de la Costa del Sol se ha acrecentado con el anuncio de que este próximo verano la dotación policial de Málaga no será reforzada con efectivos de otras provincias, como había sucedido en los últimos años con motivo de la "Operación verano".

Esta situación ha provocado que el diputado de Izquierda Unida por la provincia de Málaga Antonio Romero solicite al ministro del Interior, José Luis Corcuera, su comparecencia en la Cámara Baja.

Romro pedirá al titular de Interior que explique las razones de la desprotección policial de la provincia de Málaga durante los meses veraniegos. "Corcuera sólo piensa en la seguridad de Sevilla y Barcelona", afirmó Antonio Romero.

El diputado de IU defenderá también en el Congreso el aumento, con carácter permanente, de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la provincia de Málaga, "por ser una de las zonas turísticas más importantes de Europa, en la que no se puede resentirla calidad del turismo por la inseguridad ciudadana".

Las estadísticas demuestran que en los últimos meses la delincuencia ha experimentado un aumento del 6 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado. Según los datos policiales, la media de denuncias diarias presentadas por delitos contra la propiedad asciende a 130.

La escasez de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado es tal que en la recién inaugurada cárcel de Málaga la Guardia Civil comparta el servicio de vigilancia con unaempresa privada de seguridad, según fuentes policiales.