Según informó hoy el presidente autonómico, Juan Hormaechea, la nueva ley del funcionarado recoge también la jubilación anticipada para los empleados mayores de 60 años "que la diputación designe, no de todo el que lo desee", y un convenio para que a partir de los 55 años haya quien pueda acogerse a esta jubilación "cobrando el salario base, no los complementos".

Hormaechea manifestó que la Diputación cántabra es "la más cara de España, incluso un 25 ó 30 por cieno más que las del resto del Estado", lo que a su juicio provoca "graves problemas a la hora de admitir transferencias".

Para el presidente cántabro, esta situación tiene su origen "en los vaivenes que se han producido en nuestra región, que han supuesto la adjudicación indiscriminada de una serie de complementos que deberían haberse dado por la función, no por el puesto que ocupan".

"Nuestra Administración no está politizada, es que es política", afirmó, "lo que provoca que haya funcionarios que obren más que los consejeros".

Hormaechea aseguró no sentirse preocupado por las protestas y movilizaciones que puedan adoptar los funcionarios ante estas medidas, e incluso estimó que "algunas de ellas son convenientes, porque hay personas que llevan en huelga desde hace años".

Explicó que lo que esperan con la aplicación del nuevo decreto es que "los funcionarios trabajen de 8 a 3 y que se trabaje con normalidad y dedicación".

"Queremos una jornada contralada, real, sin horas de café; si qieren café les pondremos una maquinita, que no pasa nada", apuntó.

El presidente cántabro anunció también la creación de un cuerpo de subdirectores regionales "límite entre la cumbre administrativa y donde empieza el cargo público". Para ello, abogó por la contratación de ingenieros y técnicos especializados, "que son la apoyatura del político".

Las medidas adoptadas por el Consejo del Gobierno cántabro y anunciadas hoy por el presidente tuvieron una dura contestación por parte de los representanes sindicales de los funcionarios, que ya han convocado un paro para el próximo día 6 de marzo y una concentración delante de la sede del Ejecutivo autónomo.

Según los trabajadores, la verdadera pretensión del presidente Hormaechea es reducir la plantilla en un 50 por ciento.

La Diputación regional de Cantabria paga en la actualidad a 3.000 personas, 1.500 de la modalidad 1 (jornada continuada) y el resto cobran pluses de la modalidad 2 y 3. Estos últimos, de los que 400 son altos cargos, serán ls más perjudicados por el decreto.