El Ejecutivo cántabro, presidido por el también condenado Juan Hormaechea, a quien esta misma semana el Tribunal Supremo ha confirmad una condena de un mes de arresto por un delito de injurias, acordó solicitar el indulto por consideraciones jurídicas y personales, llegando a invocar la condición de "jubilado" del ex consejero.

El Gobierno de Cantabria entiende que deben tenerse en cuenta que "en las actuaciones realizadas por Manuel Pérez en el ejercicio de su cargo no ha existido ánimo de lucro alguno, no beneficio personal, solamente un ánimo de servicio y defensa de los intereses económicos de la Comunidad".

"Se concluye qe no ha existido siempre un principio de buena fe" en la actuación de Manuel Pérez, explica el acuerdo adoptado por el Ejecutivo autónomo, que asegura que no se ha producido ningún daño económico a la Hacienda regional, "sino que, muy al contrario, se ha restablecido el equilibrio financiero y se ha mejorado la situación patrimonial y económica de la Diputación regional".

Después de exponer diversos antecedentes jurídicos, el acuerdo del Gobierno cántabro recuerda que Manuel Pérez carece de antecedents penales y resalta que la multa de 25 millones impuesta produce un efecto "gravemente dañoso para una familia normal, sin recursos económicos extraordinarios y, además, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un jubilado".