La celebración de la vista oral, transcurridas las correspondientes tramitaciones judiciaes, podría celebrarse a finales de noviembre, según informaron hoy fuentes del tribunal cántabro.

Hormaechea y sus consejeros fueron procesados el pasado 13 de noviembre de 1991 por el magistrado César Tolosa, después de la querella presentada por PSOE, Partido Regionalista de Cantabria y CDS.

La acusación particular pedirá para el presidente cántabro dos penas de doce años y un día por dos delitos de malversación de caudales públicos, y cuatro penas de seis años y un día de inhabilitación por otos tantos supuestos delitos de prevaricación.

La primera de las acusaciones de malversación de fondos públicos contra Hormaechea está relacionada con la adjudicación a la empresa de su amigo Francisco de la Riva de la cartelería anunciadora de las obras regionales desde 1989.

Para ello, el Gobierno cántabro creó una cuenta de valores independiente, a nombre de la Diputación Regional, en donde ingresaba el precio de cada cartel, 141.306 pesetas (el Servicio de Compras de la Diputación estimó en uninforme que la cantidad razonable era 87.586 pesetas). Este precio era descontado a las constructoras cuando pagaba las obras.

La segunda acusación de malversación de fondos públicos se sustenta en la publicación de anuncios en el rotativo cántabro "El Diario Montañés" y la emisión de cuñas en emisoras regionales, todos ellos pagados con dinero de la Diputación regional y en los que se vertían expresiones descalificatorias contra líderes políticos de la región.

El auto de procesamiento dictado po el juez César Tolosa indica que los anuncios, bajo el pretexto de la institucionalidad, "contenían descalificaciones e insultos, ajenos al devenir de la política regional".

Una de las bases que sustentan el procesamiento de Hormaechea y sus consejeros por malversación en ambos casos es la existencia de sendos informes técnicos elaborados previamente por funcionarios de la Diputación, en los que se desaconsejaba el gasto.

Las acusaciones de prevaricación a que se enfrentan Hormaechea y sus consejros están basadas en la adjudicación directa de estudios técnicos a la empresa Cantel y en la declaración como "bien de interés cultural" de una vaguada de Santander, al objeto de parar las obras previstas en ese terreno, de la que luego se segregó una parcela propiedad del cuñado de Hormaechea, el constructor Juan Renedo.