Hormaechea explicó que la ley se publicará en el plazo fijado por el Estatuto de Autonomía, es decir, con fecha de ayer, día 13 de enero, y aseguró que toda la polémica surgida corresponde a "histéricos".

"Según el Estatuto, los presupuestos quedan prorrogados automáticamente el día 1 de enero", señaló, y aconsejó a los que han dado la voz de alarma por este asunto "que no se celeren".

El jefe del Ejecutivo cántabro anunció que en el Consejo de Gobierno celebrado ayer se aprobó el anteproyecto de ley disolución de la Cámara legislativa autonómica, que, según explicó, será llevada la próxima semana a la Asamblea y que requerirá una modificación del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Hormachea se preguntó si los que ahora tienen prisa por promulgar la Ley de Control Económico tendrán también tanta prisa en aprobar esta reforma.

El presidente cántabro indicó que deaprobarse con celeridad la ley que faculte la disolución del legislativo, "en mayo podemos tener elecciones, que tendrían la vigencia de un año". "Para fin de este mes podemos tener la reforma aprobada, porque es la misma que en otras comunidades. Dos meses de trámite en Madrid y para mayo elecciones", agregó.

Preguntado sobre los criterios que rigen los pagos a los acreedores de la Diputación Regional, una de las principales preocupaciones de la oposición parlamentaria y que se pretendía solucionar cn la Ley de Control Económico, ya que existen algunas deudas impagadas contraídas en 1989, Hormaechea explicó que el Consejo de Gobierno "siempre ha pagado a los bancos, tanto amortización como intereses, y en cuanto a los particulares se sigue el criterio de importancia de la deuda y los trabajos en proceso".

"Subvenciones, estudios sociológicos, trabajos y materiales debían esperar. Hemos abonado el 50 por ciento de las expropiaciones realizadas, a algunos pequeños proveedores y las obras que teníanque arrancar", señaló Hormaechea.

El presidente cántabro informó que están estudiando realizar una operación de tesorería con Caja Cantabria a tres meses, en base a certificaciones de pago, cifrado por él en 4.000 millones, para poder pagar a los acreedores.

Asimismo, Hormaechea anunció que están examinando los estudios sociológicos existentes en la Diputación Regional al no estar de acuerdo con los precios fijados con los contratistas, "para llevarles al contencioso administrativo como acuerdos esivos. Entendemos que no vale lo que dicen". El presidente cifró en cerca de 300.000 millones el importe de estos estudios.