El ex mandatario regional, retirado de la vida pública desde que horas antes de las elecciones autónomicas del pasado mes de mayo le fuese aplicada una sentencia de 14 años de inhabilitación, rehusó realizar declaraciones al término de su comparecencia ante el juez de instrución de Santander que le tomó declaración.

Sin embargo, el abogado de la acusación, Manuel Pardo Castillo, señaló que Juan Hormaechea inició su comparencia en tono distendido para, mediada la prueba, negarse a responder a las numerosas preguntas que aún quedaban por formular.

La querella por la que hoy ha comparecido Hormaechea ante el titular del Juzgado número 2 de Santander se remonta a enero de 1995, cuando el propietario del vertedero de El Mazo (Torrelavega), Gregorio Michelena, acusó al manatario regional de conculcar el Plan de Residuos Sólidos (PSR) de la región para favorecer la empresa de un amigo.

El PSR exige que los residuos sólidos de la comunidad sean depositados en el vertedero propiedad de Michelena. El ex presidente cántabro decidió, a través de un acuerdo del Consejo de Gobierno, desplazar el vertido de residuos hasta otro basurero de la región ubicado en la localidad de Meruelo.

Según la querella, "la caprichosa, arbitraria e ilegal exigencia de verter en Meruelo" ocaionó a la empresa de Michelena pérdidas por valor de 3.500 millones de pesetas.