La sentencia, que contó con el voto particular del magistrado José Redondo, también condena a los ex consejeros del primer Gobierno de Hormaechea Roberto Bedoya, David Puebla y José Parra a la pena de 7 años de inhabilitación a cada uno por sendos delitos d prevaricación. El resto de los procesados en este sumario fueron absueltos.

El tribunal considera probado que Hormachea, Puebla y Bedoya son responsables del delito de prevaricación por la contratación de forma directa de una empresa para la colocación de carteles de obra.

Además, estima que el presidente cántabro incurrió en el delito de malversación de fondos públicos por insertar en la prensa local varios comunicados contra sus adversarios políticos que fueron pagados con cargo a la diputació regional, hechos por los que le condena a la pena de 6 años de cárcel y 7 de inhabilitación.

No obstante, a pesar de que ésta es la pena menor que puede imponer el tribunal por esta acusación, la sala considera que es injusta su aplicación íntegra por lo que pedirá al Gobierno que la conmute por otra pena de un año de prisión menor.

TODOS PIDEN LA DIMISION

Tras conocerse el fallo, todos los partidos de la oposición cántabra solicitaron la dimisión del jefe del Ejecutivo autonómico, aunque éstereiteró que no ha cometido ningún delito y calificó de "aberración y vergüenza" la condena.

Mientras que el PP recordó que ya solicitó la dimisión de Hormaechea cuando comenzó el proceso que culminó hoy con la sentencia condenatoria, el PSOE ofreció un pacto a los populares cántabros para posibilitar la salida de Hormaechea del Gobierno regional, al tiempo que solicitó una explicación a José María Aznar de "por qué puso una moción de censura cuando Hormaechea le llamó charlotín y ahora le mantiene en l poder".

Juan González Bedoya, ex senador socialista y uno de los querellantes contra Hormaechea, afirmó que el destinatario de la sentencia es el PP por haber elegido al jefe del Ejecutivo cántabro con sus votos y agregó que José María Aznar deberá indemnizar a Cantabria por el daño causado "al instalar a unos delincuentes en la diputación regional".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Joaquín Almunia, acusó al PP de no haber estado "a la altura de las circunstancias" por permitir que Hormaecha se haya mantenido en el cargo durante los últimos años.

Por su parte, IU exigió que los condenados adopten "la única decisión moralmente aceptable" y dimitan y consideró que en caso de que no abandonen su cargo, las fuerzas políticas de Cantabria deben agotar las vías posibles para "que con firmeza y rotundidad se de una respuesta política que dignifique las instituciones autonómicas de la región".

A su vez, el líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y también querellante en el proces, Miguel Angel Revilla, destacó que "Cantabria no puede seguir manchada hasta mayo de 1995", fecha de las próximas elecciones autonómicas, por lo que propuso que si Hormaechea no dimite, la asamblea regional "debe dimitirlo".

Sin embargo, el Partido Popular no llevó su exigencia de dimisión de Hormaechea hasta el punto de aclarar si apoyará una iniciativa parlamentaria que permita derribarlo de la presidencia del Ejecutivo regional.

A este respecto, el presidente del PP de Cantabria, José Luis Valines, se limitó a declarar que la sentencia es una "decisión trascendente y que tiene que afectar, no sé cómo, pero naturalmente que afectará al futuro político de Cantabria".