A pesar de que Mateo José Rodríguez pretendía continuar con la defensa del presidente cántabro, la sala acordó tras consultar a las distintas partes atender en parte la petición de Juan Hormaechea, quien además de apartar a u letrado pretendía una suspensión del juicio para designar un nuevo abogado.

La sala del TSJC tuvo en cuenta las consideraciones realizadas por el ministerio fiscal y los abogados acusadores y defensores, quienes no se opusieron a que Juan Hormaechea renunciase a su letrado pero sí al nombramiento de uno ajeno al caso para asumir la defensa, ya que esto hubiese supuesto la anulación de todo lo actuado en la vista oral.

Mateo José Rodríguez, visiblemente contrariado con la decisión del Alto Tribual, señaló al despedirse que "lo mejor hubiera sido que el señor Hormaechea no hubiese colaborado en la defensa" y recordó a la sala que todos sus escritos de recusación fueron interpuestos "por estar en la creencia" de que eran beneficiosos para la defensa "y no por intentar demorar la causa".

CAMBIO DE CALIFICACIONES

Resuelto el incidente en la defensa de Juan Hormaechea, el ministerio fiscal anunció un considerable cambio en la petición de penas para los procesados, al variar su inicial petición e varios delitos de prevaricación por uno de prevaricación continuada.

De esta forma, Juan Hormaechea se enfrenta ahora a la petición de 18 años de inhabilitación (11 por prevaricación y 7 por malversación), frente a la petición inicial de 33 años de inhabilitación.

Los procesados Roberto Bedoya y José Parra pasan de los 32 años de inhabilitación solicitados en un principio a 17 años (10 por prevaricación y 7 por malversación), mientras que David Puebla, para el que se pedían 20 años de inhabilitción, queda ahora con una petición de 18 años (10 por prevaricación y 8 por malversación).

Vicente de la Hera, Gonzalo Piñeiro, Alberto Rodríguez y Rogelio Pérez Bustamante, para los que se solicitaban penas de 24, 32, 31 y 20 años de inhabilitación, respectivamente, se enfrentan ahora con la nueva calificación del ministerio fiscal a 15 años (8 por prevaricación y 7 por malversación).

Para Dionisio García Cortázar, procesado que aún mantiene el cargo de consejero en el actual Gobierno Hormaechea y Ricardo Conde Yagüe el fiscal no ha modificado sus conclusiones y mantiene la petición de 6 años de inhabilitación por prevaricación.

NUEVAS DILIGENCIAS PENALES

Además de estas modificaciones, el ministerio fiscal ha solicitado del TSJC que se abran diligencias penales contra Juan Hormaechea en relación con la declaración prestada por Begoña Divar, jefa del servicio de Contratación de la Diputación Regional de Cantabria, por supuestas presiones.

Por su parte, las acusaciones particulares, qu se unieron a estas modificaciones, pidieron además que el Alto Tribunal confronte el testimonio del actual consejero de la Presidencia, José Ramón Ruiz, quien durante las diligencias previas acudió a prestar declaración en calidad de funcionario de la Diputación, por si este testigo hubiese incurrido en falso testimonio.

La vista oral se reanudará en la tarde de hoy con la lectura de las calificaciones definitivas por parte de las defensas de los procesados, a pesar de que Juan Hormaechea protestó ane la sala "porque no estoy preparado".