En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Servimedia, López Guerra indicó que, si se recibe la negativa, "la posibilidad de reacción ante un incumplimiento flagrante de los deberes de un poder público, de un funcionario, está abierta a todos los afectados".

El "número dos" de Justicia afirmó que "un principio fundamental" de la Constitución es que los "poderes públicos y los ciudadanos están sujetos" a la Carta Magna y "al resto del ordenamiento jurídico, es decir, el respeto y la obediencia de la ley es la base esencial de cualquier comunidad", siendo más esencial en el caso de los funcionarios.

El cumplimiento o respeto de la ley no puede vincularse, "ni mucho menos depender, de las creencias o consideraciones de una persona", ya que, si así fuera, "simplemente no viviríamos en un Estado de Derecho, sino que estaríamos sometidos a la creencia o la ocurrencia de un funcionario". Preguntado sobre si un alcalde se puede negar a casar a una pareja de homosexuales fue tajante: "La respuesta es que no, que no puede negarse".

"El cumplimiento de la ley no puede dejarse al albur de las creencias del funcionario que tenga que aplicarlas", agregó el secretario de Estado de Justicia.

Ante la petición del Vaticano de que los funcionarios se acojan a la cláusula de conciencia para participar en estos actos, López Guerra precisó que dicha cláusula está para cuestiones concretas, como médicos o periodistas, "pero no existe cláusula general en la Constitución que diga que las leyes sólo se obedecerán cuando estén de acuerdo con la conciencia de cada uno".