En la carta, los hijos mayores de Vera y Barrionuevo dicen al secretario general de AI, Pierre Sané, que, "dada su comprobada trayectoria en pro de juicios justos, consideramos oportuno informar sobre la violación grave de algunos derechos fundamentales que consideramos se han producido durante la realización del procedimiento, cuya instrucción inició el juez Garzón en la Audiencia Nacional".

Marta Barrionuevo y Rafael Vera recuerdan que en la setencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se recogen cuatro votos particulares en los que se argumenta que "no se ha respetado la presunción de inocencia de los acusados, y las acusaciones que llevaron a la mayoría de la Sala a pronunciarse a favor de la condena inculpatoria no se han basado en pruebas, sino en afirmaciones de instancias inferiores o personas que informaron de presuntas conversaciones que nunca fueron contadas y probadas debidamente".

Asimismo, afirman que debido a estas circunstncias fue el mismo ex presidente del Gobierno Felipe González quien decidió actuar como defensor de Barrionuevo y Vera ante el Tribunal Constitucional.

Juventudes Socialistas indica en un comunicado que, según fuentes cercanas a las familias de ambos condenados, "la principal razón que ha llevado a los hijos de Vera y Barrionuevo a tomar esta iniciativa ha sido la de hacer posible de una vez y para siempre que se restablezcan las garantías con las que debieron ser juzgados sus padres en un caso por elque ahora pasan injusta prisión de 10 años en la cárcel de Guadalajara".