Esta operación, según la versión de Hermosín, nunca llegó a realizarse.

Hermosín explicó que el socio de Juan Guerra le hizo una oferta, que fue contestada por su ayuntamiento con una contraoferta, sin obtener finalmente la recalificación del terreno.

Por otro lado, el arquitecto municipal, Ernesto Ollero, y el Concejal de Urbanismo, Bernabé Sánchez, reconocieron que un pleno municial aprobó con los votos socialistas esta contraoferta, destiada a una de las empresas de Juan Guerra, Cimpa, que ignoró finalmente la propuesta.

Por estos hechos, el juez Márquez podría imputar un presunto delito de prevaricación a Juan Guerra y a sus socios, Manuel Macías, Arenas Casas, así como al alcalde Manuel Hermosín, y otros responsables de su ayuntamiento.