Al poco tiempo de producirse el accidente, se constituyó la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, con el fin de encontrar las causas que provocaron el trágico suceso.

Además, la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, ha abierto un expediente a la compañía propietaria del helicóptero.

El motivo de este expediente es que el mencionado aparato estaba atorizado para realizar operaciones de trabajos aéreos, pero dicha autorización "restringía expresamente el transporte de pasajeros, estando autorizado únicamente para ir a bordo el personal relacionado con el trabajo aéreo a realizar".