Esta diligencia fue acordada por el instructor de la causa, Joaquín Martín Canivell, quien al término del visionado de las cintas dió cinco días de plazo a las partes para que propngan las pruebas que consideren pertinentes.

El abogado José María Mohedano, personado como acusación en relación al comunicado por el que HB justificaba el asesinato de Fernando Múgica, ya ha anunciado que solicitará al juez que cite a declarar como imputados a los miembros de la Mesa Nacional de la coalición.

No obstante, esta diligencia podría ser acordada de oficio por el instructor, ya que los dirigentes "abertzales" ya habían sido citados por el Alto Tribunal el pasado mes de septiembre com imputados de un presunto delito de colaboración con banda armada.

Sin embargo, las comparecencias de los miembros de la Mesa Nacional de HB fueron suspendidas, dado que Martín Canivell tuvo que sustituir al entonces instructor de la causa, José Manuel Martínez Pereda, quien pidió la baja tras sufrir una caída.

Los miembros de la Mesa Nacional de HB están implicados en la distribución y difusión de los vídeos y cuñas electorales de ETA durante los pasados comicios generales, así como en la emisió de sendos comunicados en los que justificaban los asesinatos de Fernando Múgica y de FrancisCo Tomás y Valiente por parte de la banda terrorista.

Posteriormente, a la causa fue incorporado otro comunicado interno de la coalición, publicado por el diario "Deia", en el que HB animaba a combatir al Estado "con los medios más poderosos".

Estas causas fueron iniciadas tras la presentación por parte de la fiscalía de las correspondientes denuncias. En el caso de los vídeos, la instrucción recayó en eljuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien el pasado 21 de febrero encarceló al dirigente de HB Jon Idígoras, aunque finalmente fue puesto en libertad provisional el 7 de junio.

Garzón elevó las actuaciones posteriormente al Tribunal Supremo tras comprobar que entre los miembros de la Mesa Nacional de HB hay 7 aforados por ser diputados autonómicos en Navarra y el País Vasco, por lo que la competencia para actuar contra ellos corresponde a la Sala Segunda del Alto Tribunal.