Según informaron hoy fuentes judiciales, la vista contra los dirigentes de la coalición podría desarollarse durante unas 10 jornadas en sesiones matinales y durante la misma se enfrentarán a peticiones de cárcel que van desde los 8 años que pide el fiscal para cada uno de ellos como autores del presunto delito de colaboración a los 22 años que pide la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) para cada dirigente 'abertzale', por pertenencia a banda armada y colaboración con ETA.

No obstante, este calendario podría variar, dado que dos de los tres magistrados que integran la sala encargada de enjuicir este caso, José Augusto de Vega y Ramón Montero, también forman parte del tribunal que juzgará el "caso Filesa", que podría no haber finalizado el 6 de octubre.

En la resolución dictada hoy, de la que fue ponente el magistrado Roberto García-Calvo, el tribunal acepta que comparezcan como testigos durante la vista oral los directores de los diarios "Egin" y "Deia", en los que fueron publicados comunicados de la coalición y cuyas comparecencias fueron solicitadas por la defensa de HB, así como el diretor de prensa de la coalición.

Sin embargo, emplaza a los abogados de los dirigentes "abertzales" para que, ante la inconcreción de su escrito de proposición de testigos, expliquen en el plazo de 5 días las razones por las que también solicitan que testifiquen en el juicio otras 24 personas, entre ellas el etarra José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", actualmente en prisión, y representantes del sindicato ELA, de la coordinadora Elkarri, de Eusko Alkartasuna y de la Coordinadora de Curas de Nafaroa, entre otros.

Además, la sala también rechaza, por no aportar nada nuevo al esclarecimiento de los hechos, practicar una prueba pericial, pedida por la defensa, sobre el contenido del texto "Alternativa democrática", que según los abogados "es referencia cuasi exclusiva de los vídeos origen del procedimiento".

También deniega otra "referente a la práctica del diálogo y negociación como cauce de solución de conflictos de toda índole, y especialmente en el ámbito de lo político", que la defensa uería que fuera realizada, entre otros, por el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Igualmente, desestima practicar otra pericial sobre la libertad de expresión y de información, que la defensa solicitó que fuera realizada por un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación del País Vasco.

Asimismo, y "dada su inocuidad para el esclarecimiento de los hechos", la sala rechaza por "innecesario" remitir varias comisiones rogatorias al extranjero, como pidió la defensa, ara que las televisiones de varios países remitieran a la causa vídeos sobre entrevistas realizadas a dirigentes etarras, así como pedir a los archivos de Radio Televisión Española la remisión de otras cintas.

La sala tampoco acepta incorporar a la causa 5 cintas de vídeo que pretendía aportar la defensa sobre entrevistas realizadas a diferentes miembros de organizaciones terroristas emitidas en diversos medios de comunicación.

Por el contrario, sí estima unir a las actuaciones varios comunicadosde HB y entrevistas, la mayoría a dirigentes etarras y de otras organizaciones terroristas como el IRA, difundidos por medios de comunicación españoles y extranjeros.

Asimismo, acepta practicar una pericial "semiótico-comunicativa destinada a acreditar el contenido formal y carácter de los vídeos intervenidos desde el punto de vista de la comunicación y en relación con lo que sus imágenes y texto transmiten al espectador", que será realizada separadamente por cinco peritos designados por la defensa, cmo había pedido ésta, que deberán entregar antes del 15 de septiembre.

Además de por la difusión de los vídeos de ETA, la causa contra la Mesa Nacional de HB también se sigue por la distribución de sendos comunicados por parte de la coalición justificando los asesinatos de Francisco Tomás y Valiente y Fernando Múgica por parte de ETA.

En la actualidad, los 23 dirigentes de la coalición se encuentran en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas, que fueron abonadas por HB, y además tienen la obligacón de comparecer periódicamente en el juzgado y la prohibición de abandonar España sin autorización del Supremo.

Junto a la fiscalía y la AVT, en el sumario también están personados como acusaciones el Partido Socialista de Euskadi, que ejerce la acción popular, y los familiares de Fernando Múgica, como acusación particular, que también piden para cada dirigente de HB penas de cárcel.