En su resolución, el magistrado indica que adopta esta decisión dado que en la instrucción "se han practicado todas las diligencias pertinentes para la investigación de los hechos" y teniendo en cuenta que lasdiligencias previas no tienen otra finalidad que preparar la acusación o, en su caso, el archivo de la causa.

Martínez Pereda acuerda en su auto dar un plazo común de 5 días a las acusaciones personadas en la causa -fiscalía, Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Partido Socialista de Euskadi (PSE) y familiares del abogado socialista Fernando Múgica- para que soliciten la apertura de juicio oral contra los dirigentes "abertzales" y remitan escrito de acusación o, lo que es poco probable, de sobresimiento de las actuaciones.

Tras este trámite, y si alguna de las acusaciones se lo pide, el instructor procederá a dictar auto de apertura de juicio oral contra los miembros de la Mesa Nacional de HB, a cuyos abogados dará posteriormente otros cinco días de plazo para que le remitan sus escritos de defensa. Finalmente, tan sólo quedará por señalar la fecha del juicio, que podría celebrarse antes del próximo verano.

El instructor afirma en su resolución que la conducta de los dirigentes de HB "imlica unos actos de colaboración que favorecen la realización de las actividades o la consecución de los fines de un grupo terrorista como ETA", lo que, en su opinión, es constitutivo de un presunto delito de colaboración con banda armada.

Añade que ETA, "pese a la vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas, puede conseguir matar o extorsionar, pero no puede participar en un proceso electoral, ni realizar en tal periodo propaganda en los medios de comunicción social, porque la sola pertenencia a ETA constituye ya delito".

Por ello, afirma que la organización terrorista "se ha servido para ello de la Mesa Nacional de una agrupación política, Herri Batasuna, que le ha prestado sus posibilidades en la campaña electoral para presentar las propuestas de tal grupo terrorista, que sus miembros como tales nunca podrían presentar por si mismos por encontrarse en la clandestinidad y fuera de la ley".

Añade que esa misma conducta también puede reputarse conrelación a las notas de prensa emitidas por la coalición sobre los asesinatos del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente y del abogado socialista Fernando Múgica, incorporados a la causa, "donde se justifica por HB tales conductas realizadas por la banda terrorista ETA".

Aunque la instrucción de la causa ya ha concluído, todavía están pendientes de resolución por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de algunos recursos de apelación presentados por las partes, lo que, sin mbargo, no paralizará estos trámites, según dijeron a Servimedia fuentes judiciales.

Uno de ellos es el interpuesto por la AVT, personada como acción popular, contra la decisión de Martínez Pereda de anular la citación del dirigente de HB Jon Idígoras, alegando que ya había comparecido ante la Audiencia Nacional por estos hechos.

Las fuentes consultadas indicaron que la vista de este recurso de apelación se celebrará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el próximo día 8 de mayo.

Los 22 iembros de la Mesa Nacional de HB imputados en la causa se encuentran actualmente en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas, en el caso de 18 de ellos, y de cinco millones de pesetas en el de los restantes, que son los cuatro miembros de la coalición que huyeron al extranjero para eludir su comparecencia ante el instructor. Además, Idígoras también se encuentra en libertad bajo fianza por orden de la Audiencia Nacional desde el pasado año.