Los abogados de HB, encabezados por Iñigo Iruín y Miguel Castells, realizaron en la primera sesión del juicio una "batería" de apelaciones. Solicitaron la retirada de la acusación popular ejercida por José Antonio Maturana y otros en representación del PSE-PSOE, que no se incorpore al juicio un informe sobre HB realizado por miembros de la Guardia Civil y que el juico se traslade al País Vasco -o bien se suspenda- por el "clima social" que dicen que existe.

En cuanto a la acusación popular que ejercen José Antonio Maturana y otros (todos ellos máximos responsables del PSE-PSOE en la época en que ETA asesinó a Gregorio Ordóñez), los defensores de HB solicitaron al tribunal que "fueran expulsados de la sala", ya que, de lo contrario, "se colocaría a los acusados en una gravísima situación de indefensión al obligarles a defenderse de una sobreacusación".

José Mría Mohedano, abogado de Maturana replicó a los defensores de HB asegurando que la acusación que representa había participado en todos los procedimientos que tuvieron lugar a lo largo del procedimiento, tanto cuando éste era instruido en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón como en su etapa en el Tribunal Supremo.

PRUEBA DE LOS PERITOS

Los letrados de HB solicitaron también que no formara parte del sumario la prueba aportada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) consistenteen un informe realizado por la Guardia Civil. Se trata de 3.000 folios en los que peritos de la Benemérita hacen un estudio del funcionamiento de HB como partido político y donde afirman que "HB es el brazo político de ETA".

Esta prueba, contra la que los letrados de la Mesa Nacional habían presentado previamente un incidente de recusación, fue cambiada de carácter por la AVT que solicitó, ante la negativa a la prueba pericial que constituía el informe, que declararan los guardias civiles como testigo.

A esto también se opusieron los defensores de HB que alegaron "enemistad manifiesta" de los dos guardias civiles contra los representantes 'atbertzales' y abrieron una nueva polémica sobre si los guardias civiles debían o no guardar su identidad durante su declaración en el Supremo, sobre lo que decidirá el lunes la Sala Segunda.

PRESION POPULAR

Finalmente, los letrados de HB solicitaron al tribunal que se constituya en sede en el País Vasco y se trasladen allí las sesiones del juicio, y que n caso de que no sea así se suspenda el juicio.

Para esta solicitud alegaron la "presión popular" que dicen sentir en Madrid y los problemas de alojamiento que han tenido en la capital de España. A la espera del inicio de la sesión del lunes el Supremo ha decidido ya citar para el martes a los testigos y para el miércoles a los peritos que deberán comparecer en la causa.

Los dirigentes de HB se enfrentan a una petición de ochos años para cada uno por un presunto delito de colaboración con banda amada al ceder su espacio electoral a ETA y por los comunicados en los que justificaron los asesinatos del catedrático Francisco Tomás y Valiente y del abogado Fernando Múgica.