Este escrito supone una ampliación a la exposición que elevó al Alto Tribunal el pasado 12 de marzo solicitándole también que determinase la competencia para continuar con la instrucción que inició contra la Mesa Nacional de HB como consecuencia de la difusión d varios vídeos de ETA y que, a su juicio, son también constitutivos del delito de colaboración con banda armada.

El pasado día 21 de marzo, el magistrado acordó unir a la investigación contra los responsables de HB por los vídeos de ETA la de la difusión del comunicado, dado que, a su juicio, existía una clara vinculación entre ambos actos porque tienen una misma finalidad: "implantar, promover y facilitar las ilícitas actividades de ETA".

En su exposición de hoy, Garzón indica que mediante la diusión del comunicado sobre el asesinato de Tomás y Valiente existen nuevos indicios que hacen referencia a la eventual responsabilidad penal de personas aforadas, los parlamentarios de HB, en relación a la comisión de un nuevo delito de colaboración con banda armada o bien una acción en clara progresión delictiva respecto de la actividad inciada por los miembros de la Mesa Nacional de HB con la difusión de los vídeos de ETA.

Indica que HB y ETA, "de mutuo acuerdo y con unidad de fines, obtener los punos reivindicativos de la llamada alternativa KAS mediante la violencia, han desplegado toda una estrategia conjunta en la que la formación política, a través de los miembros de la Mesa Nacional, desarrolla las actuaciones que en esta causa se investigan y la organización terrorista despliega todo el entramado operativo de actos violentos contra la vida, la propiedad y la libertad".

Añade que, por ello, se constata "una especie de conjunción de actuaciones ideológicas o intelectuales por una parte y oprativas o materiales por otra, que forman un todo indisoluble en el que las primeras sirven de incitación, facilitación y justificación activa de las segundas y éstas a su vez avalan la propia línea reivindicativa política de las primeras".

Por tanto, pide al Tribunal Supremo que determine a quién compete investigar estos hechos dado que, a su juicio, no corresponde al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ni al de Navarra, comunidades de las que son parlamentarios los miembros de la Mesa Nacioal de HB, ya que la acción criminal se inició en ambos territorios a la vez y se extendió al resto de España.

Añade que, además, tampoco es competencia de su juzgado de la Audiencia Nacional desde el momento en que consta fehacientemente la existencia de personas aforadas, lo que impide actuar contra ellas hasta que no quede definitivamente fijada la competencia.

En su informe, el fiscal de la Audiencia Nacional se mostró partidario de que la competencia corresponda a la Sala Segunda del tribunalSupremo.