De acuerdo con estas fuentes, la fiscalía considera que las declaraciones realizadas por los dirigentes de la coalición Txotxe Andueza y Guillermo Perea no están contempladas en ninguna figura delictiva del nuevo Código Penal, por lo que no actuará contra ellos.

Andueza, coordinadora provincial de HB en Alava, y Perea, miembro de la Ejeutiva, acusaron el pasado 30 de enero a tres jueces y tres fiscales de la Audiencia Provincial de Alava de "arbitrariedad" y de "participar de una estrategia política contra la izquierda abertzale", al tiempo que les pidieron "que se vayan si no son capaces de mantener su independencia".

Los dirigentes de HB en Alava, que hicieron asímismo un llamamiento a sus bases para que aumentasen la presión contra todos ellos, dijeron entonces que "hay jueces y fiscales especialmente beligerantes que lideran lasactuaciones judiciales contra HB y que son el alargamiento del brazo represivo de la Ertzaintza".

Según Andueza y Perea, "son los jueces los que están al servicio de la policía. Y además está el papel de los fiscales, que es especialmente significativo".

Los jueces señalados por HB son Carmen Juarros, esposa del consejero de Justicia del Gobierno vasco, Ramón Jaúregui; Edorta Cuevas, titular de un juzgado de instrucción de la localidad alavesa de Amurrio, y José Antonio Alberdi, de un juzgado penl de Vitoria. Entre los fiscales figuran el jefe de los de la Audiencia Pronvincial Alfonso Aya y sus subordinadas Aurora San Clemente y Pilar Rodríguez.

Estas amenazas de los dirigentes de HB provocaron multitud de reacciones, entre ellas las del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que expresaron su repulsa por las amenazas, al tiempo que mostraron su absoluta solidaridad con los jueces y fiscales de esa comunidad.

Asímismo, la Viceconsejería de Justicia del Gobierno vasco hizo pública una nota en la que calificó las manifestaciones como un nuevo intento de coacción y remitió las declaraciones al fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, por si pudieran ser constitutivas de delito.

Sin embargo, tras ser analizadas durante varias semanas por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el ministerio público ha estimado que no incurren en ninguna figura delictiva por lo que ha procedido a su arcivo, dijeron las mismas fuentes.