Según informaron hoy fuentes judiciales, el fiscal insta así al magistrado a que practique dicha diligencia, que ya había sido acordada para el pasado mes de septiembre, aunque finalmente fue suspendida al encontrarse de baja el anterior instructor de la causa.

El representante del ministerio público ha hecho esta petición en un informe remitido el pasado viernes a Martín Canivell, después de que éste solicitase a la partes que propusieran las diligencias de prueba que considerasen oportunas.

El instructor dió para ello cinco días a las partes tras practicar el pasado miércoles una diligencia de prueba consistente en el visionado de los vídeos de ETA difundidos por la coalición.

Las citadas fuentes señalaron que una vez que concluya dicho plazo, el magistrado procederá previsiblemente a citar como imputados a los miembros de la Mesa Nacional de HB, diligencia que también fue solicitada por el abogado de la ación popular, José María Mohedano.

Los miembros de la Mesa Nacional de HB están implicados en la distribución y difusión de los vídeos y cuñas electorales de ETA durante los pasados comicios generales, así como en la emisión de sendos comunicados en los que justificaban los asesinatos de Fernando Múgica y de Francicso Tomás y Valiente por parte de la banda terrorista.

Posteriormente, a la causa fue incorporado otro comunicado interno de la coalición, publicado por el diario "Deia", en el que HB aimaba a combatir al Estado "con los medios más poderosos".

Estas causas fueron iniciadas tras la presentación por parte de la fiscalía de las correspondientes denuncias. En el caso de los vídeos, la instrucción recayó en el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quien el pasado 21 de febrero encarceló al dirigente de HB Jon Idígoras, aunque finalmente fue puesto en libertad provisional el 7 de junio.

Garzón elevó las actuaciones posteriormente al Tribunal Supremo tras comprobar que entre ls miembros de la Mesa Nacional de HB hay 7 aforados por ser diputados autonómicos en Navarra y el País Vasco, por lo que la competencia para actuar contra ellos corresponde a la Sala Segunda del Alto Tribunal.