El miembro de HB aseguró que ninguno de los tres detendidos en Nicaragua: Javier María Larreategui, Sebastián Etxaniz y Francisco Azpiazu tenían nada que ver con la explosión ocurrida en Managua y que, sobre este particular, no se han presentado cargo alguno ni en Managua ni en Madrid.

Puntualizó que existe una orden judicial en el pais sudaericano que decretó la puesta en libertad de los detenidos y dictó su arraigo en el territorio nacional, 24 horas antes de la Policía nicaragüense los entregase a la Policía española considerando que se ha violado la legislación vigente.

Con estas actitudes, "se desprende la alianza política existente entre el Gobierno del PSOE y sectores reaccionarios del Gobierno nicaragüense", dijo Landa.

Para el eurodiputado abertzale, "Rafael Vera y Corcuera, han aprovechado que había una mención a un ciudadno vasco vinculado al FSLN, para hacer una redada de ciudadanos vascos derivada por los intereses mezquinos y rastreros de la campaña electoral de un PSOE a la baja".

Herri Batasuna, después de haber mantenido contactos con numerosas personalidades de España y Nicaragua, planteará este tema ante todas las esferas comunitarias posibles.

Desde la coalición abertzale se denunció que, además de esta "operación del Gobierno español en Nicaragua conseguida mediante la violación de la todo tipo de legisación se produjo una anterior del Gobierno español y el Ministerio del Interior contra ciudadanos vascos en Uruguay".

Aseguraron que allí, "hace dos semanas, hubo intentos de presión económicos y sociales para que algunos ciudadanos vascos fueran expulsados" pero que pudo ser frenado por la intervención de HB quien se puso en contacto con el Gobierno uruguayo.

Después de dudar sobre el buen estado de salud de los tres detenidos y las declaraciones obtenidas por la Policía, ya que "tras 72 horas e dependencias policiales es muy posible que puedan llegar a declararse como los que mataron a Kennedi", criticaron la actitur del Juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, quien rechazó la petición de habeas corpus por parte de la familia.

Por su parte, y entre las muestras de solidaridad recibidas en HB, destaca la del ex-Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien manifestó a la prensa que la entrega de los ciudadanos a la Policía española es "violatoria de la Constitución de la república, de as leyes internacionales y de las propias leyes nacionales" y culpó de este hecho a la actual presidenta Violeta Chamorro "que anuló un decreto ejecutivo" y al ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo.