Hace un año, el Alto Tribunal ordenó al Gobierno la desclasificación de determinados documentos para ver si éstos tenían relación con investigación judicial del "caso GAL" y aportarlos como prueba en la causa.

Requero explicó a Servimedia que la jurisprudencia sentda por el Tribunal Supremo en este sentido puso las bases para investigaciones similares, como es el caso que instruye la jueza de Vitoria, y suple las deficiencias de la regulación de los servicios secretos y sus actividades.