Martínez Pereda decidió hoy de oficio rebajar la fianza para 18 de los 22 miembros de HB encarcelados al considerar que está cumplido el objetivo por el que en su día impuso los 5 millones de pesetas y que era evitar que los dirigentes de HB eludieran la presentación ante el magistrado cuando fueron llamados y que estuvieran presentes en la etapa de investigación de la causa.

Asímismo, el magistrado tuvo en cuenta para dejar la fianza en medio millón de pesetas que la anterior cuantía, 5 millnes, "resulta elevada en atención a las circunstancias personales" de cada uno de los imputados.

No obstante, Martínez Pereda mantiene la fianza inicial para los 4 miembros de HB que fueron detenidos el lunes a su regreso del extranjero, donde se habían refugiado para evitar comparecer ante el juez, y precisa que en el caso de que los restantes dirigentes de la coalición sean puestos en libertad deberán comparecer los días 1 y 15 ante el juzgado más próximo a sus domicilios y ante el Supremo tantas vees como sean llamados, se les retirará el pasaporte y tendrán prohibida su salida de España sin autorización judicial.

Esta resolución fue notificada a las partes personadas en la causa minutos antes del inicio de la vista de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de 16 de los dirigentes encarcelados contra su ingreso en prisión. Próximamente se celebrarán las vistas de los recursos de otros dos miembros de HB encarcelados, cuya tramitación todavía no ha acabado por lo que no pudieroncelebrarse hoy.

Tras conocer el auto, Emilio Murcia, abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), personada en la causa como acción popular, anunció que recurrirá la decisión del magistrado, al igual que también harán el Partido Socialista de Euskadi, personado como acción popular, y el abogado Leopoldo Torres, que ejerce la acusación particular en representación de los familiares de Fernando Múgica, asesinado por ETA.

Por su parte, el fiscal dió a entender durante la vista de los recusos que no impugnará la rebaja de las cuantías, dado que, según dijo, es necesario mantener la situación de prisión eludible bajo fianza, aunque ésta haya sido rebajada, para garantizar la presencia de los imputados durante la fase intermedia de la causa y durante el juicio.

Durante la vista, los abogados de los miembros de HB, que a pesar de la rebaja mantuvieron sus recursos, insistieron en solicitar la libertad sin medidas cautelares de sus defendidos alegando que no habían incurrido en delito con os vídeos, dado que con ellos se limitaron a difundir una propuesta de paz, sin propugnar la realización de acciones armadas ni solicitar la militancia en ETA.

Entre los letrados se encontraba Adolfo Araiz, que fue trasladado al Supremo desde la prisión de Carabanchel, donde permanece por ser miembro de la Mesa Nacional de HB, quien señaló que no se dan los presupuestos para imputar a la coalición el delito puesto que ésta ha actuado en todo momento dentro del ejercicio político y del derecho a la librtad de expresión, sin tener el ánimo de colaborar con la banda armada. Por ello, consideró que están siendo acusados de un delito de opinión contrario al Estado de Derecho.

Estos argumentos fueron rechazados por Leopoldo Torres, quien señaló que la fianza es proporcionada en atención a la gravedad de los hechos, la capacidad económica de los imputados y de la coalición y la alarma social creada. Agregó que, además, HB invoca la paz pero precisó que "la paz que los ciudadanos desean no es la paz de lo cementerios", sino que es la paz de la alternativa democrática de respeto a las normas de convivencia.

Por su parte, el abogado Jorge Morales, en representación del PSE, apoyó el mantenimiento de la fianza de 5 millones por el riesgo de que los imputados se sustraigan a la acción de la justicia y no concurran al juicio, mientras que Emilio Murcia, por la AVT, señaló que los miembros de la coalición no están perseguidos por sus ideas sino por incitar a la lucha armada y a colaborar con ETA con los vídos y los comunicados justificando los asesinatos de Múgica y de Francisco Tomás y Valiente.

Finalmente, el fiscal José María Luzón señaló que la coalición incurrió en el delito no por facilitar las acciones terroristas a ETA, sino por colaborar en la consecución de los fines de la organización terrorista, ofreciendo para ello sus espacios electorales para la difusión de los vídeos de ETA en los pasados comicios en los que se amenaza con continuar la lucha armada si no se aceptan sus propuestas.

"sí se consigue que estas propuestas intimidatorias de ETA lleguen a los españoles a través de unos espacios que tiene por ser un partido político pero de los que nunca tendría ETA", añadió.

Además, explicó que en los comunicados se pone de manifiesto la "simbiosis" entre HB y ETA, y el afán de colaboración y de unión de fines entre ambas organizaciones.