Fuentes de esta asociación informaron a Servimedia de que en el texto de la querella se alude a que las “instituciones y fondos públicos”, como la Abogacía del Estado, están sujetos “a los fines de utilidad pública que les son propios, y no al servicio de intereses y caprichos puramente particulares”.

Esta entidad alude así al hecho de que la iniciativa legal de Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado se realice a través de una institución pública y no de un letrado particular que hubiera contratado el propio jefe del Ejecutivo.

En este sentido, en el texto de la querella se sostiene que el instructor dictó una resolución "injusta" al citar a declarar al presidente sin respetar las garantías procesales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para altos cargos.

“A SABIENDAS”

La Abogacía del Estado defiende que la providencia del juez del 19 de julio, en la que citaba a Sánchez a declarar el 30 de julio en su despacho oficial de La Moncloa, no motivaba por qué no se aplicaba el artículo 412 de la Lecrim, que permite a los miembros del Ejecutivo declarar por escrito.

La querella afirma que el magistrado "se aparta de los métodos usuales de interpretación" y que su voluntad es "la única explicación posible" para no aplicar ese artículo, lo que a juicio de la Abogacía constituye una resolución prevaricadora.

Además, argumenta que no es posible disociar la condición de presidente del Gobierno de Sánchez del objeto de la investigación, ya que lo que se investiga son hechos presuntamente cometidos por su esposa desde que él es jefe del Ejecutivo.

La Abogacía considera que el juez Peinado actuó "a sabiendas" de la injusticia de su resolución, al mantener la citación presencial incluso después de que Sánchez le recordara por carta que debía declarar por escrito conforme a la ley.