Según este informante, existen muchos grpos mixtos, integrados por grandes empresas de fuera de España y compañías nacionales, que sólo aguardan a que haya un marco legal para establecerse e invertir en nuestro país.

La mayoría de estos grupos ya están estudiando la situación del mercado, que presenta un panorama muy prometedor y sólo falta el "pistoletazo de salida" del Gobierno. Algunas han cerrado ya acuerdos con ayuntamientos para tender la red de cable y empezar a funcionar en cuanto sea posible.

La sentencia del Tribunal Constituional revocando la resolución del Gobierno Civil de Huesca por la que se cerraron dos emisoras de cable locales, en Monzón y en Sabiñánigo, que fue publicada ayer, ha supuesto un acicate para estos operadores de televisión, que actualmente se mueven en la alegalidad.

Existen varios casos de gobiernos civiles que han decretado el cierre de emisoras locales, tanto de cable como de ondas, esgrimiendo que la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) exige una concesión administrativa para poder emtir. Sin embargo, no hay un marco legal para tal concesión.

El TC señalaba en su argumentación que "la exigencia de concesión administrativa -otorgada discrecionalmente para las televisiones por cable locales- supone una violación de las libertades de expresión y comunicación, ya que no pueden quedar sometidas a intervenciones administrativas de alcance indeterminado".

El texto de la sentencia hacía especial hincapié en la responsabilidad del legislador, que ha retrasado "'sine die', más allá de odo tiempo razonable y sin que existan razones que justifiquen la demora", la regulación legal de la televisión por cable.

De momento, existen en España alrededor de 120 emisoras de televisión por cable, la mayor parte de ellas con un presupuesto ajustado, que han empezado a funcionar tímidamente a pesar del vacío legal. El principal peligro es que en cualquier momento les llegue una orden de cierre ante la que hasta ahora estaban indefensos, y que tendrán que cumplir hasta que se revise la resolución como en el caso de Huesca.

Pero los trámites burocráticos y las instancias por las que ha tenido que pasar la decisión del Gobierno Civil oscense antes de ser revocada, desaniman a muchos posibles inversores. El cierre de las emisoras de Sabiñánigo y de Monzón se produjo en 1989; los recursos de amparo se presentaron en 1990. Los decretos de cierre fueron ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y por el Tribunal Supremo antes de ser rechazados por el Constitucional, casi cuatro año después.