A partir de hoy, y en apliación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, esta nueva Delegación vigilará concretamente a las sociedades con facturación -a efectos de IVA- superior a los 100 millones e euros, y a las personas físicas cuya renta supere el millón de euros o cuyos bienes y derechos -a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio- sobrepase los 10 millones de euros.

También podrán quedar sujetos a este mismo control otros contribuyentes, como quienes tributen en régimen de consolidación fiscal, o los que suministren un importante volumen de información a la Agencia Tributaria, por encima de los 10.000 registros, como ocurre con las empresas de grandes plantillas.

En aplicación de estos criterios, el Ministerio de Economía y Hacienda estima que "la Delegación Central de Grandes Contribuyentes puede llegar a incluir alrededor de 2.000 sociedades y cerca de 200 personas físicas".

Estas empresas canalizan la mitad de la recaudación total que ingresa la Agencia Tributaria por todos los impuestos, ya que, a lo que pagan por el Impuesto de Sociedades, hay que sumar las retenciones del IRPF que realizan a sus trabajadores, el IVA y los Impuestos Especiales. En total, las sociedades sujetas al control de la Delegación Central proporcionarán a la Hacienda Pública alrededor de 65.000 millones de euros anuales.

Con la Delegación Central, las grandes empresas y las personas de altos ingresos tendrán un interlocutor único en Hacienda, que será el encargado de resolver todas las cuestiones de gestión, recaudación y control que, por la importancia de estos contribuyentes, son numerosas.