Para los autores del informe, no es admisible el argumento del legislador, que viene a igualar a las personas jurídicas con las físicas, "dado que una persona jurídica, una empresa a un banco, no tiene intimidad, y toda su actividad comercial puede ser pública".

La actual redacción del proyecto e Reforma de la Ley General Tributaria, pendiente del pacto final entre el PSOE y CiU. El informe denuncia que, si prospera la exigencia para investigar o solicitar información en la sede de una empresa, su función se encontrará con muchas dificultades, dado que "en cuanto a las actuaciones de comprobación e investigación, se establece en el proyecto la necesidad indiscriminada de autorización judicial".

El informe advierte que "debería pensarse qué ocurriría si determinada masa de contribuyentes, en n momento dado, decidiese, legítimamente, no dar ese consentimiento (a la entrada de la inspección). Sencillamente", responde el informe, "sería imposible la gestión de los tributos en la parcela de verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por las personas jurídicas".

Otras pegas al proyecto legal son que "el Tribunal Constitucional no ha definido cuál es el domicilio constitucionalmente protegido en caso de personas jurídicas".

Además, la norma, según el informe, convierte a juez en un órgano de la Inspección de Tributos, con lo que se pregunta: "¿Han de exponérsele y someterse a su aprobación, previa a su otorgamiento de autorización de entrada, todos y cada uno de los actos concretos de instrucción inspectora que en cada caso se pretenden desarrollar?".