No obstante, Hacienda confía en que algunas nuevas normas supondrán un aumento efectivo de la recaudación para las arcas del Estado, sin especificar qué cantidad podría resultar.

El valor total de estos cambios normativos tendrá un coste cero para el Estado, puesto que en ninguna de las medidas se fija una cuantía.

En el caso de la modificación de un artículo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para detectar a aquellas sociedades que operan en España pero están domiciliadas en paraísos fiscales, Hacienda asegura que esta medida "provocará una ampliación de la base imponible sujeta a tributación en España, sin que se disponga de datos que permitan cuantificar dicho aumento de la base, ni su efecto en cuota".

En lo que respecta a la valoración de los activos en el caso de las operaciones vinculadas, el proyecto establece "que el régimen actualmente en vigor supone que, en la mayor parte de las operaciones que no son objeto por parte de la Administración, la valoración convenida por las partes provoca un perjuicio para la Hacienda pública (...). Se concluye que esta medida supondrá un aumento de la recaudación, sin que sea posible su cuantificación".

Una de las medidas estrellas con las que el Gobierno pretende atajar el fraude en materia de vivienda, que obliga a consignar los medios de pago en escritura pública, tampoco "tiene impacto recaudatorio".