La mayor parte de la recaudación por derivados del petróleo proviene del llamado Impuesto Especial sobre los carburantes, que hasta junio ascendía a 455.212 millones de pesetas, un 46,6 por ciento más que en el primer semestre de 1990.

Por su parte, el IVA que Hacienda aplica a las ventas de gsolinas, gasóleos y fuelóleos, recaucó unos ingresos en las arcas públicas de 54.405 millones de pesetas, con un 10,7 de incremento.

Sólo en el mes de junio, los impuestos recaudados por este motivo fueron de 90.574 millones de pesetas, 25.520 millones más que en el mismo mes del año pasado. Del total del mes, 80.765 millones correspondieron a ingresos por el Impuesto Especial y 9.809 millones a recaudación por IVA.

Por tipos de combustibles, los españoles pagaron a Hacienda, sin contar el IVA, 21.724 millones de pesetas por las gasolinas que consumieron hasta mayo, última fecha disponible, mientras que el consumo de gasóleos supuso unos ingresos en el Fisco de 185.773 millones, seguido de los fuelóleos (3.629 millones), querosenos (836) y otros (40).

Estos ingresos responden a una presión fiscal que, según el propio Ministerio de Economía y Hacienda, se sitúa en el término medio de la CE.

Según los datos de Economía, la fiscalidad de la "súper" está en 58 pesetas por litro, mientras quela media de los seis países empleados como referencia para fijar los precios de la gasolina española está en 68,9 pesetas por cada litro. En el caso de la "sin plomo", la relación es de 52,7 pesetas por litro, frente a una media de los 6 países de 62,6 pesetas.

Las ventas de gasolinas y gasóleos en los cinco primeros meses del año registraron un descenso del 0,4 y el 0,2 por ciento, respectivamente, frente a un incrementos de la recaudación fiscal por esas ventas de 117.213 millones de pesetas.

Agunos expertos no dudan en afirmar que esas cifras revelan "una clara desproporción entre la evolución de las ventas y la carga fiscal que soportan los carburantes", sobre todo, si se tiene en cuenta que el sistema impositivo de los carburantes en España pretende gravar el comsumo.