La patronal del automóvil, que ha alcanzado un acuerdo en esta materia con Hacienda, calcula que cerca de 20.000 vehículos entran ilegalmente en España cada año, según informó hoy en un comunicado.

En virtud de este acuerdo de colaboración, Faconauto, sus asociaciones miembro y los concesionarios de automoción aportarán a la Agencia Tributaria toda aquella información que estimen relevante sobre circunstancias especiales, anómalas o sospechosas relativas a la utilización y comercialización de vehículos, con el fin de contribuir así a la persecución del fraude fiscal del Impuesto sobre Matriculación (12% sobre el valor) de automóviles de alta gama y del IVA (16%) de automóviles y vehículos industriales.

El objetivo principal de este acuerdo es detectar las operaciones fraudulentas de comercialización de automóviles, principalmente de lujo, y vehículos industriales que se están produciendo actualmente por parte de tramas organizadas extranjeras, que perjudican de forma grave y directa los intereses de los consumidores finales y aprovechan la defraudación de impuestos para desarrollar prácticas de competencia desleal con los concesionarios, aseguró Faconauto.

La propia Agencia Tributaria ha puesto de manifiesto en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal (PPFF) la existencia de tramas ilegales creadas específicamente para defraudar ambos impuestos en operaciones intracomunitarias de vehículos de alta gama y de vehículos industriales, así como la necesidad de desmantelar estas redes de fraude fiscal a través de medidas específicas.

Faconauto explica que estas tramas organizadas comercializan en España vehículos nuevos de alta gama adquiridos a proveedores europeos, defraudando a la Hacienda Pública el IVA repercutido a sus clientes finales y el Impuesto sobre Matriculación.

Además, señala que estas operaciones se realizan a través de empresas "pantalla" que eluden por completo el pago del IVA o bien declaran en la Aduana un valor del vehículo muy inferior al realmente satisfecho.

Según el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, "estas tramas compiten ilegalmente con las redes oficiales de distribución, ya que se trata de ventas sumergidas sin garantías para el consumidor, sin pagar impuestos y a través de sociedades fantasma que ni siquiera están dadas de alta".