Estos datos se recogen en una contestación del Gobierno remitida al senador socialista por Soria Ramiro Crcós, quien se interesó sobre el fraude de las empresas alquiler de coches que exportan vehículos a otros países, denominado "fraude contractual".

Este tipo de fraude ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la patronal de empresas de "rent a car" (Feneval). Actualmente, las empresas de alquiler de coches están exentas de pagar el impuesto de matriculación cuando compran un coche nuevo y cuando exportan los automóviles después de haberlos utilizado un tiempo en España.

El Gobierno reconoce a existencia de empresas "que recurren a desnaturalizar una exención del impuesto, la prevista para las empresas de alquiler de vehículos y, así, constituyen empresas aparentemente dedicadas al alquiler, lo que les permite matricular con aplicación de la exención, aún cuando no se dediquen nunca a esta actividad".

Según la normativa vigente, los coches matriculados para dedicarlos al alquiler extán exentos del pago del impuesto de matriculación, pero la aplicación de esta exención está condicionada a u previo reconocimiento por la Administración Tributaria, que comprueba si la empresa se dedica al alquiler.

El Gobierno explica que en enero de 1994, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de este tipo de empresas, cuya única actividad era solicitar el previo reconocimiento de la exención del pago del impuesto y exportar los coches sin que se hubiesen destinado al alquiler en España, se instruyó a la Agencia Tributaria para que solicitara a estas empresas, como documentación adicional, la autorzación administrativa necesaria para ejercer la actividad de alquiler de coches.

A finales de 1993 la Agencia Tributaria inició actuaciones en empresas de alquiler "fantasmas" para regularizar su situación fiscal y, durante 1994, levantó un total de 439 actas, con una deuda de 1.338 millones de pesetas correspondiente al impago del impuesto de matriculación de los vehículos.

Según el Ejecutivo, el "fraude contractual" crea unos canales paralelos distribución y venta de automóviles, y elude acuerds de distribución exclusiva establecidos en todos los mercados por sus fabricantes, además de tropezar con la normativa del impuesto de matriculación.