Los informes del interventor delegado de Hacienda en Interior, Fernando Martínez Genique, sobre la adjudicación de obras de la Guardia Civil en 1991 advierten que "se incumple sistematicamente el principio de concurrencia de ofertas".

La contratación se realizaba por adjudicación directa, aduciendo razones de seguridad. Este sistema obliga a solicitar al menos tres ofertas, pero, según los informes la empresa que ganaba y las que perdían el concurso eran la mismas.

En este sentido, el interventor asegura que "prácticamente la totalidad de los expedientes de obras se han adjudicado por el sistema de contratación directa" en vez de concurso público "en base a razones de seguridad".

Añade que "cabe resaltar la extrema preocupación que produce el hecho de que a la empresa Diafer se le hayan tramitado y adjudicado durante el presente periodo trimestral (abril a junio del 91) seis expedientes de obra, en los que si bien se cumple de modo formal la exigenia de concurrencia de ofertas, queda de manifiesto que ésta se elude".

El informe explica "que en todos los casos los presupuestos u ofertas de la citada empresa se han comparado siempre con los de otros dos empresarios, siempres los mismos. Las tres empresas que ofertan, la adjudicataria y las rechazadas, radican en el mismo municipio".

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Los documentos del interventor eran remitidos a los responsables de Interior, incluído Roldán y a la Intervención General del Estado, dependinte de Hacienda. Un anexo del imforme detalla las seis obras adjudicadas a Diafer. "En todos los expedientes la relación de ofertantes es la misma", agrega el interventor, que cita a Amador Hernández Galán y José Mendoza Galindo como titulares de las ofertas perdedoras.

Diafer, propiedad del alcalde de Colmenar de Oreja, es una de las mas beneficiadas por las adjudicaciones. Sólo la cafetería de la dirección general costó 375 millones de pesetas. El resto de los contratos con la Guardia Civil suman má de 2.000 millones de pesetas.

Pero no se trata de un caso aislado. El informe habla de tres obras (dos en Sevilla y una en Badajoz) adjudicadas a la empresa Cumaza, en los que los concurrentes fueron los mismos. Esta empresa consiguió junto a Construcciones Brues, otras dos obras en Barcelona.

Según la documentación, los contratos de hasta 10 millones eran autorizados por Roldán, por delegación del secretario de Estado Rafael Vera. Los contratos entre 10 y 2.000 millones eran autorizados por Ver, aunque por delegación los firmaba Roldán.