Así se afirma en un informe sobre "La inanciación de las comunidades autónomas" realizado por técnicos de la Secretaría de Estado de Hacienda que participan en los grupos de trabajo creados para hacer efectivo el sistema de financiación autonómica con vigencia para el periodo 1992-96.

Estos expertos afirman que, para aumentar la corresponsabilidad fiscal, "la solución más racional sería la participación de las comunidades autónomas en el rendimiento territorial del IRPF, alternativa que permite el artículo 13 de la Ley Orgánica de Financición de las Comunidades Autónomas".

"Se atribuiría así a cada comunidad autónoma un porcentaje fijo, que podría ser del 15 por ciento, de la cuota líquida del IRPF correspondiente a los residentes en el territorio de cada comunidad autónoma, reduciéndose en la misma cuantía la participación en los ingresos del Estado de cada comunidad", señala el informe.

Uno de los expertos que participaron en la redacción de este informe manifestó a Servimedia que, con este sistema, cada comunidad gana por un ldo lo que pierde por otro, ya que "el Estado no está dispuesto a perder dinero".

Señaló, asimismo, que la fórmula que finalmente se aplique "es una cuestión todavía abierta, porque todavía no se ha puesto en cifras, que es lo más complicado", dados los intereses en conflicto.

Por otra parte, los expertos de Hacienda lamentan que esta solución "teóricamente válida" haya dado origen a una "agria polémica entre las regiones ricas (Cataluña, Madrid) y las pobres (Extremadura)", de manera que "una cuetión inicialmente técnica ha derivado del ámbito de discusión política que tiene su propio escenario para el debate".

A su juicio, el actual sistema de financiación aumenta la capacidad de decisión en el gasto que tienen las autonomías "pero no la percepción ciudadana del papel recaudador de la comunidad autónoma y no parece que vaya a cambiar esta situación a corto plazo".

El informe contiene un detallado análisis de la autonomía que cada comunidad a la hora de decidir su gasto, es decir, la pare del dinero de que disponen cuya asignación pueden decidir sin condicionamientos del Estado.

El resultado del análisis comparativo, efectuado con datos de 1991, muestra que Cantabria, La Rioja, Baleares y Aragón son las que disfrutan de mayor autonomía, al poder gastar con plena independencia "entre 80 y 85 pesetas de cada 100 de gasto total".

Cantabria ocupó el primer lugar, con un gasto público autónomo ejecutado de 22.500 millones de pesetas, el 84,6 por cien del total, seguida de La Rioja (8,4), Aragón (82,7) y Baleares (80,5). Las comunidades con menos autonomía de gasto fueron Valencia (43,6 por ciento), Cataluña (47,3) y Andalucía (48,6).

En conjunto, el porcentaje de gasto público autónomo ha pasado de ser el 46,3 por ciento en 1986 al 53,9 por cien en 1991, lo que "ha posibilitado un ejercicio razonable de la gestión autónoma en materia de gasto", según Hacienda.

En lo que se refiere a los ingresos, Baleares, con 66 pesetas de cada 100, Aragón, con 48 de cada 100, y Madrid, con42 de cada 100, son las regiones que han gozado de mayor autonomía en 1991. En el extremo opuesto figuran Galicia (10,2), Andalucía (11,4), Extremadura (14,8), Valencia (17,7) y Cataluña (21,3).

COORDINACION PRESUPUESTARIA

Por otra parte, el informe aborda también los progresos realizados en la coordinación entre la Administración central y las autonomías y afirma que se han producido "avances significativos" para evitar "políticas o actuaciones prespuestarias contradictorias".

Ello exige pacta los ingresos de las comunidades y un programa anual de endeudamiento, que garantice las mejores condiciones posibles de financiación para los déficits previstos en cada ejercicio.

Concretamente, el programa de endeudamiento para 1992 apuntó a "saldar deudas a proveedores pendientes de ejercicios anteriores y reestructurar el pasivo financiero de las comunidades autónomas con el fin de lograr una estructura financiera más equilibrado en plazos, mercados y precios".

De esta manera, afirman los exprtos de Hacienda, "se resuelven las quejas planteadas por las comunidades autónomas sobre la necesidad de pedir autorizaciones concretas para endeudarse y se consigue un cierto control de sus niveles de endeudamiento".