El Consejo de Política Fiscal y Financiera reunirá por la mañana y de manera presencial a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, con el objetivo de informarles sobre la tasa de referencia de déficit público que los gobiernos autonómicos deberán tener en cuenta de cara a elaborar sus presupuestos para el próximo año.

El encuentro llegará un día después de que el Consejo de Ministros presente este martes su cuadro de previsiones macroeconómicas y apruebe el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de 2023, que precisamente servirá como base sobre la que elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.

En un contexto normal, el Ministerio de Hacienda fijaría en este Consejo de Política Fiscal y Financiera los objetivos de déficit y deuda pública de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas, para más tarde someterlos a la aprobación del Congreso de los Diputados. Sin embargo, las reglas fiscales se mantienen en suspensión desde 2020, cuando la Comisión Europea permitió a los Estados miembro desactivar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el objetivo de tener un mayor gasto público con el que hacer frente a la pandemia de covid-19 y sus consecuencias económicas.

Dicha suspensión de las reglas fiscales se mantuvo en 2021 y 2022 y volverá a darse en 2023, para lo que, en lugar de votar los objetivos de déficit y deuda, será necesario que en los próximos meses el Congreso de los Diputados vuelva a aprobar la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, recogida también en el artículo 135 de la Constitución Española y el 11.3 de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que permiten suspender las reglas fiscales en situaciones de emergencia.

De esta forma, en lugar de establecerse unos objetivos de déficit y deuda de obligado cumplimiento, las tasas de referencia que Hacienda indicara a las comunidades autónomas tendrán un carácter orientativo con el objetivo de que, pese a no tener obligación de cumplirse, recuerden el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el cuadro macroeconómico que el Gobierno actualizó en abril de 2022, la previsión de déficit público era del 5% para el presente ejercicio, con una estimación de que las comunidades autónomas cerrarán el ejercicio con un déficit del 0,8%, dos décimas por encima de la tasa de referencia del 0,6%.

De cara a los próximos ejercicios, en abril la estimación del Ejecutivo era reducir el déficit al 3,9% en 2023, al 3,3% en 2024 y al 2,9% en 2025.

En cuanto a la deuda pública, en abril el Gobierno estimaba cerrar 2022 en el 115,2% y que baje al 112,4% en 2023, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025.