En una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Pedroche explicó que el sector estará controlado desde el momento inicial, es decir, desde que las Juntas de Compensación aportan los suelos y se reparten las parcelas de los futuros desarrollos urbanísticos.

Se prevé controlar unas 2.000 juntas en todo el año 2005 y avanzar en las "comprobaciones verticales" a todo el desarrollo urbanístico.

Además, se incrementará la información procedente de notarios, registrados, del catastro y de las comunidades autónomas, ya que de ellas depende el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Previamente, el director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Carlos Cervantes, explicó que hay un "equipo central" en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude para abordar el sector inmobiliario que está conformado por inspectores, pero también por arquitectos, estadísticos o matemáticos.

Ya en las comunidades autónomas existen equipos de captación de información, de análisis de la misma y de selección de contribuyentes.

Con todo ello, la Agencia Tributaria cuenta con un sistema de selección de contribuyentes creado "ad hoc" para el sector inmobiliario, en el que hay un fraude "relativamente importante".

Del catastro se ha pasado de tener una foto fija a 31 de diciembre de cada año del propietario de un bien a conocer todos los cambios de titularidad de los inmuebles.

Con las comunidades autónomas se quiere mejorar el nivel de información que ofrecen sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y, principalmente, su adaptación a las bases de datos de la Agencia Tributaria.

Otras medidas como el establecer ante notario en el momento de compra-venta del piso el modo de pago o el tener que incluir en las facturas eléctricas el número de referencia catastral del inmueble pretenden aflorar casos de fraude en el sector.

SUBCONTRATACIÓN

Pero la lucha se extiende por otros puntos del mercado de la construcción. En los procesos de subcontratación también hay "bastante fraude", admitió Cervantes, que se está empezando a aflorar con el requisito de que las subcontratas posean un certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda para empezar a actuar. Eso ha permitido en el último año aflorar 200 millones de euros, destacó.

Ha habido entre 400 y 500 comprobaciones de contratistas y se visita a quienes se dan de alta como nuevos subcontratistas para ver si, en realidad, van a realizar alguna labor o "son humo".

El plan de lucha contra el fraude en el sector inmobiliario "ha venido para quedarse", explicó Cervantes, con el fin de que la gente declare correctamente a Hacienda y no tanto con el fin de levantar actas.