El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha hecho valer sus tesis entre las filas socialistas y saará adelante los artículos más discutidos del texto, relativos al registro domiciliario sin permiso judicial, el traslado a comisaría por no llevar el DNI y la sanción del consumo público de drogas.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó hoy unas enmiendas al proyecto inicial de Interior cuyo contenido es básicamente "técnico", como reconoció en rueda de prensa el secretario general del grupo, Josep Beviá.

Según este diputado, el texto elaborado por el Gobierno "se ajusta a la Constitución" ala vista de los estudios jurídicos realizados por los socialistas. Beviá expresó su convencimiento de que la ley saldrá adelante sin reparos por parte de los órganos judiciales.

Beviá manifestó que las trece enmiendas que presentó hoy su grupo han sido "discutidas y contrastadas" con el Ejecutivo, "del mismo modo que hacemos con el resto de leyes".

A la vista del contenido de estas propuestas de modificación, la dirección del PSOE en el Parlamento ha dado marcha atrás a su anuncio de retocar de frma "importante" la ley, tras las airadas protestas que presentaron contra el proyecto de ley varios partidos de la oposición y numerosos colectivos ciudadanos.

El proyecto de Ley Seguridad Ciudadana llegó a plantear serios "roces" entre los ministerios de Interior y Justicia. Corcuera también recibió antes del verano severas críticas de algunos diputados socialistas, que entendieron inicialmente que esta ley podría conculcar algunos derechos constitucionales.

Las tornas se han cambiado ahora y e titular de Interior ha obtenido el respaldo de los parlamentarios de su partido.

"REQUERIR", MEJOR QUE "INSTAR"

Las enmiendas que reflejan de modo ejemplar el escaso alcance de estas enmiendas son las relativas a los artículos 20 y 21 (retención policial de los no identificados y registro domiciliario sin autorización judicial, respectivamente).

En la redacción del primer punto realizada por el Gobierno, se puede leer: "Los agentes podrán instar a quienes no pudieren ser identificados por otromedio a ser acompañados a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación".

De este punto tan polémico, el Grupo Socialista pretende que se cambie la palabra "instar" por la de "requerir". "Instar significa una petición de un ciudadano a la autoridad. Es más preciso requerir, ya que es una demanda de la autoridad al ciudadano", explicó a los periodistas Josep Beviá.

Por lo que se refiere al artículo 21, el PSOE introduce una variedad en cuato al tiempo durante el que se puede registrar el domicilio en caso de delito flagrante.

El PSOE precisa que la "flagrancia" deberá entenderse durante todo el tiempo en que se está cometiendo el delito y no sólo en el momento en que se tiene conocimiento de él.

Los diputados socialistas también respaldarán la decisión del Gobierno de sancionar el consumo de drogas en establecimientos o espacios públicos. En este punto proponen que se contemple la posibilidad de suspender la condena si el drogodepndiente se somete a rehabilitación.

El PSOE mantiene en su articulado alternativo el capítulo de sanciones elaborado por el Gobierno. Las infracciones tendrán una multa de hasta cien millones de pesetas, cinco millones o cincuenta mil pesetas, según sean de carácter muy grave, grave o leve.

LEY IMPRESENTABLE

De las principales fuerzas de la oposición, Partido Popular, Izquierda Unida y CDS han decidido presentar enmiendas de totalidad al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

Estas formacones coinciden en señalar que esta normativa vulnera en su redacción inicial los derechos fundamentales de los ciudadanos. El resto de los grupos presentarán enmiendas parciales, casi todas ellas relativas a los artículos 20 y 21.

Mientras el PP ha decidido esperar a mañana, fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad, para explicar su texto alternativo, los responsables de IU ya hicieron hoy público su rechazo formal al proyecto de ley.

El portavoz de IU en el Congreso, NicolásSartorius, calificó de "impresentable" e "innecesaria" la ley y anunció que su grupo tratará de concitar todas las fuerzas posibles de la opinión pública contra esta normativa.

Sartorius dijo que su formación rechazará una ley que "coarta las libertades públicas". "Un país aumenta su seguridad cuando respeta más la libertad de sus ciudadanos. Toda limitación a la libertad es un atentado contra la seguridad de éstos", precisó.

En opinión de Izquierda Unida, la "escalada de despropósitos" que repreenta el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana se resume en los artículos 20 y 21.

"El proyecto crea un espacio autonómo policial que evade el control judicial y representa una agresión contra la intimidad de las personas", consideró José Luis Núñez, coordinador de IU de la enmienda a la totalidad.

A juicio de esta coalición, que mantiene en pie su amenaza de un "otoño caliente" de movilizaciones contra esta ley, el respaldo dado por el Grupo Socialista al proyecto de Interior significa que "ha tiunfado la 'línea dura' de José Luis Corcuera", afirmó Núñez, para quien este texto supone "uno de los errores más graves cometidos por el Gobierno".

Sartorius reconoció albergar "serias dudas" de que su coalición pueda llegar a algún entendimiento de última hora con los socialistas sobre este punto. "Estoy casi convencido de que no habrá acuerdo", apostilló.

MULTIPLES DEFECTOS

El portavoz del CDS Santos Miñón justificó la presentación de una enmienda a la totalidad asegurando que el proyecto lgislativo adolece de "múltiples defectos".

El diputado centrista dijo a Servimedia que además de numerosos errores técnicos, artículos como el 20 y el 21 "ponen en peligro la libertad de las personas".

Convergència i Unió y PNV pedirán la supresión de estos artículos y defenderán la introducción de algunas reformas en lo relativo a las policías autonómicas.

Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, anunció su intención de defender el próximo jueves una enmienda a la totalidad presentada por sugrupo, que considera que "el contenido del proyecto de ley plantea una concepción autoritaria de la seguridad ciudadana, de complejo encaje en un Estado democrático de derecho".

"Existe un abuso de conceptos jurídicos indeterminados y de excusas que entorpecen el ejercicio de los derechos, como la creación de una nueva falta consistente en la negativa a idenficarse o la limitación de la tutela judicial", señaló Azkárraga.