A juicio de Pui, es necesario poner fin al "paripé" de la consulta preceptiva que mantiene todos los años el Gobierno con los agentes sociales para fijar el SMI, y abrir de verdad una negociación que consiga separar el concepto del SMI de lo que son rentas mínimas con repercusión presupuestaria.

El SMI, que se situará en 69.270 pesetas en 1999, afecta directamente a unos 260.000 trabajadores, según el Gobierno, y más de 500.000, según los sindicatos, pero su importancia radica también en que se utiliza como referenca para calcular las ayudas a la vivienda, la pensión mínima, el subsidio de desempleo y la concesión de becas, entre otros aspectos.

Los sindicatos CCOO y UGT piden también que, además de los cuatro criterios que, según el Estatuto de los Trabajadores, deben tenerse en cuenta para fijar el SMI, se consideren el derivado de la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe acercarse al 68% del salario medio del país, y el proceso de construcción europea que debe llevar a un acercamiento al salariomedio europeo.

Gutiérrez denunció que el hecho de que el Gobierno convierta en un mero trámite la consulta para revalorizar el SMI hace medio millón de personas y otros muchos ciudadanos que se ven afectados indirectamente por este salario "lo pasen francamente mal". Por ello, reclamó "que no sea un trámite a pasar en un plisplás" y que la cuantía del SMI se acerque al salario medio español.