Alcáraz apunta que "la muerte de Martín Puye, dirigente político de la oposición de Guinea Ecuatorial, ha puesto de manifiesto que la suspensión de las condenas a muerte en el reciente 'macrojuicio' de Malabo, no era más que la sustitución por penas capitales de efecto retardado, teniendo en cuenta las condiciones de cumplimiento de estas penas privativas de libertad".

En este setido, recuerda que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional pidieron a los países democráticos que intervinieran para impedir estas "violaciones sistemáticas de los derechos humanos", a lo que el Ejecutivo español respondió que se tomarían medidas urgentes, según Nueva Izquierda.

Alcaraz pregunta a Matutes qué medidas se han tomado en favor de los condenados en el "macrojuicio" de Malabo y otros presos políticos.