Los diputados Javier Sáenz Cosculluela y Carlos Dávila defendieron en el plenario del Grupo Socialista la necesidad de modificar el proyecto del Gobierno, al considerar que no podía seguir dejándose abierta la puerta a que las eléctricas puedan impulsar en un futuro estos proyectos.

El presidente del grupo, Joaquín Almunia, aceptó presentar una enmienda adicional al articulado en ese sentido, aunque propuso una redacción distinta, en la que no se contempla la expropiación forzosa alas eléctricas como mecanismo compensatorio por la cancelación de la autorización del proyecto, como pretendían los guerristas.

"Estamos muy contentos por haber logrado esta modificación, porque ahora el proyecto va a dejar muy claro que se cierran todas las expectativas para llevar adelante estos proyectos ahora enterrados", declaró a Servimedia el ex ministro Sáenz Cosculluela.

"Hemos demostrado", agregó el diputado guerrista, "que no buscamos pelea y que lo que pretendemos es simplemente defener nuestras posiciones".

Según explicó Carlos Dávila, los proyectos de centrales afectados que ya no podrán llevarse nunca adelante serán Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II.

El secretario general del Grupo, Jesús Caldera, aseguró a esta agencia que la dirección socialista no había aceptado el mecanismo compensatorio de la expropiación forzosa "porque es una solución muy liberal, que dejaría al Gobierno con las manos atadas ante un procedimiento judicial y supondría un mayor gasto para el erariopúblico".

Según los cálculos que hace la dirección del grupo, la propuesta de la expropiación forzosa que hacen los guerristas supondría al Estado un coste superior al billón y medio de pesetas, frente a los 800.000 millones que se prevén si se continúan gravando los costes de las tarifas eléctricas.