La publicación del informe coincide con la visita del vicesecretario general de las Naciones Unidas, Jan Egeland, a la capital ugandesa, Kampala, donde debatirá con el gobierno de Uganda y otros representantes internacionales la forman de poner fin a dos décadas de conflicto en el norte de Uganda.

El informe "Contando el coste: 20 años de guerra en el norte de Uganda", elaborado por la coalición Organizaciones de la Sociedad Civil para la Paz en el Norte de Uganda (CSOPNU), aporta nuevos datos que demuestran el brutal impacto que está teniendo sobre la población civil el conflicto que siguen librando el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en sus siglas en inglés).

Casi dos millones de personas han sido desplazadas por el conflicto y alrededor de 25.000 niños han sido secuestrados en las dos décadas de guerra. Una cuarta parte de los niños del norte de Uganda con más de diez años ha perdido a uno o ambos padres.

Junto al coste humano, el impacto económico es devastador. Se estima que en este tiempo, la guerra ha costado 1.400 millones de euros, cifra que equivale a la ayuda total de EEUU a Uganda entre 1994 y 2002. El coste anual de la guerra en Uganda es de 70,5 millones de euros, es decir, el equivalente a los ingresos totales del país por sus exportaciones de café.

"El gobierno de Uganda, el ejército rebelde y la comunidad internacional deben reconocer la verdadera magnitud y el horror de la situación en el norte de Uganda. Veinte años de violencia brutal es una cicatriz en la conciencia del mundo, afirmó Ariane Arpa, directora general de Intermon Oxfam. "El gobierno de Uganda debe actuar sin retraso para garantizar la protección eficaz de civiles y para trabajar con todas las partes en el conflicto hacia una paz justa y duradera", explicó.

Alberto Soteres, director general de Save the Children señala que "la situación de los niños y niñas en Uganda es desoladora. Ellos están sufriendo de forma muy especial las consecuencias de este largo conflicto. Pedimos a Naciones Unidas que actúe, aprobando una resolución que fuerce al gobierno de Uganda a proteger a su propia gente".

En este sentido, las ONG manifiestaron su total rechazo a esta situación, solicitando a la comunidad internacional que "se tome en serio" estos datos y se hagan efectivas las intenciones de ayuda pacífica y humanitaria. Las ONG que trabajan en el país pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que designe un panel de expertos que investigue las actividades del LRA.