Por ello, pronosticó que la citada reforma, impulsada por los partidos que integran el tripartito que preside Pasqual Maragall, "tiene pocas posibilidades de prosperar", si se tiene en cuenta que "no hay Estado que resista esta división".

Guerra reconoció que si finalmente el Congreso de los Diputados rechaza la propuesta de reforma del Estatuto catalán, esta decisión puede tener un coste político "mayor que cero", al contrario de lo que ha pasado con el rechazo del "plan Ibarretxe", puesto que podría provocar el enfrentamiento con el tripartito.

Sin embargo, recordó que el Congreso de los Diputados tiene "absoluta soberanía" para aprobar la ley que "crea pertinente", por lo que depende de él, y no de los parlamentos autonómicos, que las reformas estatutarias salgan o no adelante.

A pesar de que el apoyo de los diputados del Congreso es condición fundamental para la aprobación de la reforma del Estatuto catalán, recordó que en el caso de que CiU no apoye la propuesta del Gobierno autonómico, la proposición de ley "no saldría del Parlamento catalán y no llegaría al Congreso de los Diputados".

El ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno enmarcó las modificaciones previstas en algunos estatutos en un intento de "reforma encubierta de la Constitución", al aprobar en los parlamentos autonómicos "textos que exceden la Carta Magna".

Agregó que paralelamente existe un proceso de reforma "oficial", que es la que propuso el presidente del Ejecutivo, José Luis Ropdríguez Zapatero, en el debate de investidura, e indicó que en este caso es "numéricamente imprescindible" que el PSOE y el PP estén de acuerdo en los puntos a modificar.

Por ello, manifestó que tiene "serias dudas de que la reforma constitucional llegue a buen puerto", ante las dificultades para que PSOE y PP se pongan de acuerdo.

ESTADO DE LAS AUTONOMIAS

Sobre las declaraciones del secretario general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, en las que afirmaba que se camina hacia una España cada vez más federal, Guerra dijo que la Constitución de 1978 establece que España es un Estado de las Autonomías donde las comunidades autónomas "tienen bastante más competencia que prácticamente todos los estados federales del mundo".

Indicó que, excluyendo a Canadá y Australia, los demás países "tienen menos descentralización política, económica y administrativa" que España, por lo que advirtió de que aspirar a un Estado federal "podría significar una reducción de competencias".

Por otro lado, Guerra manifestó que encuentra "objeciones" a la hora de utilizar el concepto "nación", puesto que en la redacción de la actual Constitución se llegó a un acuerdo para que las comunidades autónomas pudieran ser "nacionalidades".

Por este motivo, consideró que aprobar ahora una denominación que no está en la Constitución supondría "una ruptura del pacto del 78", además de que "si pretenden calificarse ahora de 'nación', queda poca duda de que dentro de muy poco tiempo vayan a argumentar que si somos una nación necesitamos un Estado".