El Ejecutivo argumenta en varias respuestas a las que tuvo acceso Servimedia que estos expedientes "entrañan una gran dificultad en su estudio" y que las sucesivas peticiones de documentación a los solicitantes tienen "el sano propósito de intentar aclarar dudas o completar extremos que en la solicitud presentada no constan".

Señala, además, que la acreditación por parte del partido olicitante de que es sucesor del partido histórico que sufrió las incautaciones, es una obligación de la que ningún partido puede librarse y que una vez satisfecha en un primer expediente ya no es necesario en los siguientes.

"No existe, por tanto, actuación alguna de dilación, ni irregularidades o inobservancias que haya de conocer el Gobierno" concluye eln Ejecutivo.

Otra respuesta del Gobierno explica que la Dirección General del Patrimonio del Estado está haciendo frente a la resolución de 2. 92 solicitudes presentadas sin aumento de su dotación de personal y asignando un grupo de personas a la tramitación de dichos procedimientos de manera permanente.

De ello se puede deducir, según el Ejecutivo, que no sólo no hay ninguna instrucción para dar preferencia a otros asuntos, sino que la Administración reconoce su importancia al asignar un grupo permanente a esa tarea.

Además, asegura que de las 535 solicitudes presentadas por el PSOE, ya han sido resueltas 292 y que del total, 522 se reistraron entre los meses de marzo y abril de 2000, los dos últimos meses de plazo habilitado para realizar la solicitud.

Entiende el Gobierno que, por tanto, no se puede achacar a su gestión la dilación en el procedimiento, ni puede admitirse la afirmación de que existen instrucciones para obstaculizar el procedimiento.

Además, el Ejecutivo reconoce que la avalancha de solicitudes de compensación por los bienes incautados durante la guerra civil presentadas por los distintos partido políticos ente febrero y abril de 2000 ha obligado a ampliar el plazo de resolución de dichas peticiones en seis meses.

El derecho a la restitución o compensación por los bienes incautados durante la guerra quedó establecida en la ley 43/1998 de 15 de diciembre. En ella se establecía un plazo de un año para presentar solicitudes y uno de seis meses para resolver.

En total, la Administración ha recibido 2.192 peticiones, de las que 2.171 se formalizaron entre febrero y abril del pasado año. Según una respuestadel Gobierno al Grupo Socialista, "tal acumulación hacía imposible una instrucción ordenada de las solicitudes en tan corto espacio de tiempo".

En todo caso, el Ejecutivo dice que, "pese a la enorme complejidad" de los casos, "no se está produciendo dilación alguna, siendo notorio el esfuerzo que está realizando el órgano instructor para lograr la más pronta resolución de todos los expedientes" y siempre dentro del plazo previsto.