Alfonso Guerra ha comunicado a la sección tercera del tribunal de lo penal de la Audiencia Provincial de Sevilla, a través de un procurador, que se acoge a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y qu no declarará en el mencionado proceso judicial.

Fernández del Pozo reconoció que el dirigente socialista puede acogerse al derecho constitucional de negarse a prestar declaracion, pero consideró inadmisible su actitud, por entender que las cuestiones presentadas por IU en el juicio aludían exclusivamente a criterios de la vida pública del testigo y del inculpado, y no a actividades privadas.

El letrado aseguró, en rueda de prensa, que Alfonso Guerra no huye de la justicia, pero tampoco colabora on ella. "Su obligación", precisó, "por ser una cuestión pública y no privada, es colaborar con la justicia. Si fuera privada sería perfectamente explicable, pero, al afectar a la cosa pública, es inadmisible. No es de recibo en un sistema democrático".

IU, por mediación de su abogado, había formulado 14 preguntas -de las que la sala rechazó 2 por considerarlas inadmisibles- en las que reclamaba información a Alfonso Guerra sobre la fecha en la que su hermano Juan accedió al cargo de asistente al viceresidente del Gobierno.

Guerra debería haber contestado también a preguntas sobre cuándo autorizó a que Juan Guerra usara el despacho de la Delegación del Gobierno, si le constaba que recibía a personas que trataban sobre asuntos relacionados con la Vicepresidencia del Gobierno, si conocía el desarrollo de actividades privadas en el despacho, si sabía quién pagaba el salario de Juan Guerra y cuáles eran los gastos de sus gestiones, y si podía utilizar el aparcamiento de la Delegación del Gobierno, ente otras cuestiones.