Los magistrados sostienen que, "en el plano legislativo, ningún impedimiento existe para que la justicia guatemalteca persiga el delito de genocidio presuntamente coetido en el territorio de dicho país".

De esta forma, los magistrados dan la razón al fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, quien desde un principio sostuvo que España no era competente para investigar a las autoridades guatemaltecas denunciadas por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas, las de varios ciudadanos españoles.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, con la opinión en contra del fiscal, decidió admitir a trámte la denuncia amparándose en la supuesta "pasividad" de los jueces y fiscales guatemaltecos encargados de investigar los hechos.

Tras reconocer que la "una parte" de la justicia guatemalteca pudo estar "atemorizada" en su día, los magistrados de la Audiencia Nacional responden que "lo que no se constata es que los jueces gutamaltecos de hoy se nieguen a actuar si la denuncia y querellas presentadas (ante el juez Ruiz Polanco) se formulan ante los órganos judiciales guatemaltecos competentes para la prsecución del delito de genocicio y los otros delitos conexos".

Durante la celebración de la vista que ha dado lugar al auto de hoy, los abogados de Rigoberta Menchú aseguraron que en Guatemala no se han podido investigar los hechos debido a las "presiones" que han sufrido los jueces y la persecución a la que se han visto sometidos los testigos.

Los magistrados señalan también que, a su juicio, no se pude comparar el caso de Guatemala con los de Chile y Argentina, donde la inactividad judicial qudó patente con el transcurso de los años desde que terminaron las dictaduras militares cuyos presuntos crímines están siendo investigados ahora por la Audiencia Nacional.

Mientras que las dictaduras de Chile y Argentina comenzaron en 1976 y finalizaron en 1982 y en 1983, respectivamente, los crímenes denunciados por Rigoberta Menchú tuvieron lugar entre 1962 y 1996, año en que se firmó el último de los acuerdos de paz, el de Paz Firme y Duradera, entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Gatemalteca (URNG).

DELIMITAR RESPONSABILIDADES

Tras firmarse dicho acuerdo de paz, recuerdan los magistrados, se puso en marcha la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), cuya misión consistió en delimitar responsabilidades sobre la violencia institucional, que dejó un balance de 100.000 muertos y 50.000 desaparecidos.

En su informe sobre el conflicto, señala el auto, la CEH recomendó que el Estado guatemalteco hiciera cumplir la Ley de Reconciliación Nacional "a efecto de perseguir yenjuiciar delitos como genocidio, tortura y desaparición forzada, cuya responsabilidad penal no se extingue".

Es decir, no se dictó ninguna amnistía ni impedía que las víctimas ejerciesen las acciones legales que considerasen oportunas contra sus presuntos verdugos. De esta forma, los magistrados dan también la razón al fiscal Rubira, para quien la República de Guatemala, como Estado soberano, "ha resuelto resolver los horrores de su pasado en la forma en que sus mayorías democráticas [...] han estimao conveniente y necesario".

La decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de rechazar la competencia de España para investigar la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Entre los casos denunciados, Rigoberta Menchú menciona el asalto a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 39 personas y cuyo único superviviente fue el diplomático Máximo Cajal. Asimismo, citóel asesinato de su familia, razón por la que se presenta como acusación particular.