En rueda de prensa celebrada en la sede de CCOO-Madrid -sindicato que también ejerce la acusación popular en el caso-, ambos letrados anunciaron las diligencias que llevarán a cabo una vez que el juez Guillermo Ruiz de Polanco admitiera ayer la querella presentada por Rigoberta Menchú por el genocidio de Guatemala.

Después de calificar de "decisión muy importante" el auto "contundente" dictado por el juez Ruz de Polanco, el abogado Antonio García explicó que, en el plazo de diez días dado por el juez, "vamos a arropar este auto con todas las pruebas de las que disponemos, que no son pocas, con personas concretas que puedan aportar luz al esclarecimiento de estos hechos, y vamos a intentar que se vayan concretando las responsabilidades concretas, particulares y específicas, de cada uno de los imputados".

En concreto, subrayó que existen 12 tomos donde se relatan aproximadamente 600 matanzas, además de disintos informes de los forenses que examinaron las fosas comunes. "Vamos a intentar que comparezcan quienes elaboraron esos 12 tomos, vamos a pedir que comparezcan los autores del documento de la Recuperación de la Memoria Histórica, los forenses que han elaborado informes contundentes y terroríficos sobre las matanzas después de investigar y documentar científicamente las fosas comunes, y vamos a intentar hacer que comparezcan todas aquellas víctimas que han sido testigos directos de todos estos hechos". Asimismo, Vila señaló que si no comparecen los imputados ante la justicia española y las autoridades de Guatemala no facilitan los domicilios, "nosotros, como acusación, tenemos la obligación, y la vamos a cumplir, de solicitar orden de detención internacional".

No obstante, García reconoció que si los imputados no se mueven de Guatemala y el Gobierno del país no colabora, va a ser muy difícil que puedan ser juzgados. "Hay dos de ellos que están fuera del país, Donaldo Alvarez, en Miami, y el generl Romeo Lucas García, en Venezuela. "Si al menos esos dos no comparecen, solicitaremos la orden de detención internacional", reiteró.

Tanto Vila como García se refieron a la necesidad de que las autoridades de Guatemala colaboren en el caso, si bien reconocieron que "es difícil". En cualquier caso, apuntaron que, si las autoridades del país no cooperan, "intentaremos que el juez tome las medidas oportunas para que estas personas no eludan la acción de la justicia".

"POSTURA VERGONZANTE"

En la msma línea, mostraron su deseo de que el Ministerio Fiscal "cambie de una vez la postura vergonzante que ha estado manteniendo en este proceso" y que no recurra este auto. "Que deje de actuar casi como defensor de los imputados y que se sume como es su función a la querella y a la investigación de estos hechos".

"Esperamos que no haya esa injerencia negativa del Ministerio Fiscal y, evidentemente, también esperamos que el Gobierno deje actuar a los jueces, que no se inmiscuya en el procedimiento y que cepte cualquier resolución judicial que se tome por dura o fuerte que sea contra estos militares genocidas", recalcaron. "Espero al menos que si no colaboran por lo menos que no obstruyan", reiteró Vila.

Por último, Gustavo Meoño, presidente de la Fundación Rigoberta Menchú, explicó que después de ver cómo diferentes asociaciones y acusadores particulares se han ido sumando a la querella encabezada por Rigoberta Menchú, cómo se han ido agregando pruebas, testigos y casos al expediente, "creemos que elproceso va a crecer aceleradamente en el curso de los próximos días y semanas, porque es interminable la lista de atrocidades que están plenamente documentadas", aseveró.