Los magistrados sostienen que, "en el plano legislativo, ningún impedimiento existe para que la justicia guatemalteca persiga el delito de genocidio presuntamente cometido en el territorio de dicho país".

En declaraciones a Servimedia, Vil calificó de "realmente sorprendente" que los magistrados argumenten que "lo que no se constata es que los jueces gutamaltecos de hoy se nieguen a actuar" si se les presenta la denuncia que Menchú llevó ante la Audiencia Nacional.

"Me parece realmente increible que se pueda decir eso por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando es público y notorio todo lo contrario", dijo Vila.

A su juicio, con esta decisión los magistrados de la Sala de lo Penal "han querido quitarse de ncima este caso, porque no quieren que la Audiencia Nacional se colapse y que mañana vengan los de Suráfrica o los de Etiopía".

Tras señalar que los magistrados de la Audiencia Nacional "ya están escarmentados con lo de Chile y Argentina", Vila añadió que los argumentos empleados para rechazar la denuncia de Rigoberta Menchú son "absolutamente débiles".

Vila anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional y añadió que está sustentada en un argumento "absolutalmnte débil".

LA ACCION POPULAR TAMPOCO LO ENTIENDE

Por su parte, el abogado de la acción popular en este caso, Carlos Slepoy, aseguró a Servimedia que le ha "sorprendido" la decisión de la Audiencia Nacional y anunció que también la recurrirá ante el Supremo.

A su juicio, los magistrados han obviado que la competencia de España para investigar casos como el de Guatemala se extingue cuando las personas objeto de la denuncia han sido "juzgadas o indultadas, lo que no ha ocurrido en esta causa".

Para Slepoy, que los jueces guatemaltecos puedan hoy por hoy investigar la denuncia de Rigoberta Menchú, como sostiene el auto de la Audiencia Nacional, es "algo teórico", porque en la práctica se ha demostrado lo contrario.

A su juicio, no es comprensible que la Audiencia Nacional se ampare en la jurisdicción universal para perseguir los delitos cometidos en las dictaduras de Chile y Argentina, pero que dicho argumento no sea suficiente para hacerse cargo del de Guatemala.