La posibilidad de ejercer estas acciones legales está siendo analizada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que entiende que una sentencia dictada este mes por la Corte Europea de los Derechos Humanos propicia esta reclamación.

Según las fuentes de la AUGC consultadas por Servimedia, esta sentencia cuestiona que se aplique el régimen militar a la Benemérita, ya que considera vulnerados los derechos de un guardia que en 1998 fue objeto de arresto domiciliario.

La condena a este agente se debió a que no comunicó por el procedimiento adecuado que iba a visitar a un familiar que se encontraba gravemente enfermo y que luego falleció.

De acuerdo con las fuentes de la AUGC consultadas, este pronunciamiento de los jueces europeos pone en cuestión los 32.000 arrestos y encarcelamientos de miembros del Instituto Armado que se han contabilizado desde comienzos de los años noventa.

De este número de condenas de privaciones de libertad, más de 1.000 se corresponden a resoluciones en las que se dictó pena de prisión para guardias civiles, que debieron cumplir esta pena en cárceles militares.

En este sentido, AUGC considera que estas condenas por privación de libertad podrían ser objeto de indemnización, por lo que este colectivo estudia llevar el caso ante los tribunales ordinarios.