El guardia civil aseguró que además de cumplir con la normativa, "llevaba al día la supervsión de los informes de almacenaje de pólvora de esta pirotécnica", por lo que considera que no tiene responsabilidad en el accidente.

Tras Saturnino Romero prestaron declaración los primeros testigos, del total de 140 que han sido llamados a declarar. La mujer que se encargó de mediar entre el Ayuntamiento y la comisión gestora de fiestas que encargó el material pirotécnico para la celebración de un bautizo, María Lourdes Aracil, declaró que fue la Pirotécnica Levantina la que suministró la traca, peo en un momento de su declaración llegó a citar el nombre Alicantina, en lugar de Levantina, por lo que la defensa aprovechó para hacer constar las dudas sobre la empresa a la que pertenecía el material que explosionó.

Asimismo, el periodista del diario "La Verdad" Tirso Marín, autor de una entrevista en exclusiva a Joaquín Rigal, padre de uno de los ocupantes del vehículo que explosionó y que se suicidó un día después de la entrevista, declaró que este hombre "se refirió en todo momento a la Pirotécnca Alicantina cuando me habló de la procedencia del material pirotécnico".

El ministerio fiscal y los dieciocho miembros de la acusación particular solicitan penas de 6 meses de prisión y una indemnización de 275 millones de pesetas para Eduardo Samper Lledó y Carlos Samper Muñoz, apoderado y gerente de la empresa Pirotécnica Levantina, respectivamente, y un mes de arresto y 100.000 pesetas de multa para el sargento de la Guardia Civil Saturnino Romero.