Arzalluz solicitó, tras conocer unas informaciones que señalaban que la familia del ingeniero vasco había pagado el rescate, que las fuerzas de seguridad relajasen la presión policial sobre los secuestradores con el fin de favorecer su puesta en libertad.

Estas declaraciones del presidente del PNV fueron duramete contestadas tanto por el PSOE como por el Partido Popular del País Vasco, que calificaron la petición de "ridícula" e "irresponsable".

Las fuentes de Interior consultadas, que se negaron a dar más datos sobre el dispositivo policial, dijeron que las fuerzas de seguridad "seguirán trabajando en el cometido que les asigna la Constitución, que es perseguir a los delincuentes".

Añadieron que el cerco policial "sigue funcionando y seguirá hasta que se les coja o se tenga la idea clara de que no estn", ya que "no se puede hacer dejación de funciones".